Consejo de Rectores calcula en más de $ 140 mil millones la reducción de ingresos de los planteles este año

El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, presentó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un informe en el que se detallan los mayores costos de implementación de los procesos formativos debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus y de los menores ingresos que percibirán este año los planteles, que se estiman en $146 mil millones de pesos.

Además el Cruch formuló cinco propuestas para superar las dificultades y limitaciones que derivan de esos estados financieros y solicitó que se reconsidere el actual proyecto de ley propuesto en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de manera de no detener el pago completo de aranceles y permitir la ejecución de medidas focalizadas.

El informe elaborado con los datos reportados por las 30 universidades que conforman la entidad, señala que hasta la fecha las instituciones han debido incurrir en costos que superan los $ 16.556 millones de pesos para implementar medidas que permitan adaptar el proceso de enseñanza a la situación de emergencia sanitaria.

Capacitación para docencia virtual, apoyo para la adecuación y desarrollo de material didáctico, entrega de herramientas tecnológicas para el teletrabajo, entrega gratuita de equipos tecnológicos y dispositivos de banda ancha a los estudiantes vulnerables y becas de conectividad, adquisición de licencias de software educativos y clases sincrónicas y habilitación de mesas de ayuda para apoyar el trabajo virtual, figuran entre las acciones ejecutadas. También se consideran los costos asociados a medidas de seguridad sanitaria como fumigaciones periódicas y compra de insumos de protección personal.

El rector Valle señaló que “el panorama financiero actual de las universidades es muy complejo”. Recordó que en 2019 se aplicó el artículo 108 de la ley 21.091 sobre la limitación de cobro de aranceles a estudiantes que pierden gratuidad por duración de sus estudios; también se debió afrontar la disminución de matrícula debido a las movilizaciones del segundo semestre unido a un aumento de la morosidad de pago de las familias. “Todo esto generó que las universidades del Cruch dejaran de percibir $ 32 mil millones de pesos”.

En tanto, este año las universidades enfrentaron un proceso complejo de admisión, que significó una baja cercana al 10% de la matrícula esperada, que se tradujo en una merma de $ 17.500 millones.

El estado de emergencia sanitaria también está afectando la matrícula de los cursos superiores: aumentó la cantidad de alumnos que han presentado suspensión de estudios o postergación de matrículas. Esto ha significado una caída de $ 62.412 millones por aranceles de cursos superiores.

“Si consideramos la suma de los impactos indicados y además se adiciona el esfuerzo económico que han debido realizar las universidades para adecuar su actividad a una docencia virtual, se totaliza una cifra de $ 146 mil millones de pesos, que equivale al 75% del Aporte Fiscal Directo que reciben las universidades del Cruch”, afirmó Valle.

Entre las propuestas del Cruch figura derogar el artículo 108 de la Ley 21.091 sobre pérdida de la gratuidad. Según la entidad su aplicación compromete el patrimonio de las universidades al tener que financiar el 50% del arancel de aquellos estudiantes que pierden la gratuidad. Esto implica que las instituciones del Cruch dejen de percibir ingresos por un monto agregado de $ 26 mil millones de pesos.