Familiares en la mira: la nueva causa que derivó del fraude en Carabineros

Autor: Javiera Matus

Una de las audiencias de formalización de efectivos involucrados en el caso del fraude.

Según informes patrimoniales de expolicías formalizados, hay transferencias de dinero sospechosas hacia sus parientes. La fiscalía indaga, sobre todo, a las esposas.


Un hito en la historia de la investigación por el millonario fraude en Carabineros ocurrió el lunes pasado. Tras dos años de pesquisas, la fiscalía cerró la indagatoria que dejó al descubierto el desfalco de más de $ 28 mil millones desde diversas cuentas institucionales de la policía uniformada.

El caso tiene a 136 personas formalizadas y ahora el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, está trabajando en presentar la acusación. Fuentes del caso indicaron que este documento constará de más de 3.000 páginas.

Sin embargo, todas estas acciones judiciales no implican que la investigación haya llegado a su término. El Ministerio Público decidió abrir una nueva arista, que derivó de la causa “madre”, y ahora irá tras los familiares de los imputados que habrían recibido parte del dinero sustraído, especialmente sus esposas. El ente persecutor estima que algunos de ellos habrían tenido participación en los intentos por ocultar los fondos.

Las sospechas de estas maniobras fueron corroboradas por la fiscalía a través de los levantamientos patrimoniales que se realizaron a los principales imputados.

En el caso del comandante (R) Javier González Brito, un informe elaborado por el OS-7 señala que en las primeras diligencias se le lograron incautar más de $ 9 millones. “Sin embargo, a la fecha aún se mantienen diligencias pendientes, por lo que se sugiere tomar declaración en calidad de testigo a la cónyuge del imputado, identificada como Iris Castro Carrasco, a fin de verificar los tres depósitos realizados por su marido en marzo de 2017, hacia sus fondos mutuos, los cuales ascienden a la suma total de $ 24.084.783”.

Según el documento, esto “llama profundamente la atención del equipo investigador, toda vez que en la fecha de los tres depósitos, el caso que afecta a Carabineros ya se encontraba en pleno conocimiento público, lo que permite deducir que el imputado González Brito intentó de alguna manera ocultar su dinero utilizando para ello las cuentas bancarias de su cónyuge”.

Otro antecedente similares se encuentra en el rastreo patrimonial que el OS-7 realizó al general (R) Iván Whipple, exdirector de Finanzas de Carabineros. “En cuanto a su rubro familiar, su cónyuge, Lina Canales, ha sido partícipe de los diversos movimientos bancarios inconsistentes del imputado, destacando que, conforme a la base de datos del SII, esta no registra inicio de actividades, por lo que no forma parte de ninguna sociedad”, indica el informe.

El Ministerio Público ya ha realizado pasos concretos en esta línea. Hoy ingresó un escrito al tribunal para separar investigación de la causa “madre” del fraude (en que están los líderes del desfalco) y crear una nueva indagatoria, en la cual se seguirán investigando -al menos dentro de una primera etapa- a cinco familiares de los ya formalizados. Respecto del caso que cerró el lunes, la fiscalía tiene 10 días para presentar la acusación en contra de los excarabineros formalizados por asociación ilícita y otros delitos.

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