El gobierno boliviano reforzó con más militares y policías la seguridad en el pueblo de San Matías, fronterizo con Brasil, donde esta semana una turba linchó a dos brasileños acusados de asesinar a tres bolivianos.

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, indicó que 27 militares viajaron a ese pueblo, en tanto que la Policía anunció que duplicó el número de efectivoss, a veinte, para aumentar la seguridad y comenzar las investigaciones sobre los cinco crímenes.

Los militares patrullarán la frontera y su número puede aumentar porque el gobierno está preocupado por el ingreso al país de brasileños con "antecedentes delictivos", agregó Saavedra.

Los brasileños fueron quemados vivos el martes por una turba que los desalojó de una celda donde estaban arrestados por ser los supuestos autores del asesinato a tiros de los tres bolivianos.

Agentes de la policía fronteriza y forenses de Brasil ingresaron ayer a San Matías para exhumar los cuerpos y repatriarlos.

Las autoridades de Brasil han pedido al gobierno de Bolivia que se investigue y sancione a los responsables del linchamiento de los brasileños que se encontraban bajo custodia policial.

La policía de San Matías alegó que fue rebasada por una turba de 400 personas que exigió hacer lo que denominan "justicia comunitaria" contra quienes asesinaron a los bolivianos el lunes.

La "justicia comunitaria" está consagrada en la Constitución que promulgada por el gobierno de Evo Morales en 2009 que ha insistido en que el linchamiento no es parte de ese sistema, aunque los grupos vecinales e indígenas que lo aplican se justifican de esa forma.

Los efectivos de San Matías denuncian que son objeto de amenazas de muerte para no investigar el linchamiento, en tanto que el fiscal de San Matías, David Veizaga, dimitió porque "está muy afectado y nervioso", según dijo su jefe, el fiscal de Distrito de la región de Santa Cruz, Isabelino Gómez.

Gómez ha pedido a las autoridades militarizar el pueblo de San Matías, donde viven unas 12.000 personas, de las cuales un 70 % son bolivianos y el resto brasileños, la mayoría indocumentados.

En varias zonas del límite entre ambos países, de más de 3.000 kilómetros, hay violencia por la acción de los narcotraficantes y el comercio de automóviles robados.