La mesa de negociaciones entre el sector público y el gobierno se mantiene sin acuerdo. El Ministerio de Hacienda mantuvo su propuesta de reajuste de 2,1%, que sigue muy por debajo de lo solicitado por los funcionarios públicos, los que exigen un incremento de 4,2%.
La discusión sobre el reajuste fiscal no solo está superpuesta al escenario electoral sino que, más importante aún, se produce en medio de la reflexión de fondo sobre la necesidad de acotar el creciente gasto público. Lamentablemente, la regla fiscal ha perdido efectividad en contener el gasto fiscal y la deuda del sector público se acercará al 30% del PIB hacia el 2020.
La discusión anual sobre el reajuste fiscal revela la incapacidad de establecer un marco objetivo para el incremento de las remuneraciones de los trabajadores públicos. No solo porque sistemáticamente viene acompañada de movilizaciones y paralizaciones fuera de la legalidad, sino porque, en la práctica, la negociación omite aspectos tan relevantes como la productividad, la eficacia en la provisión de servicios públicos y la necesaria modernización del Estado. El resultado de la negociación queda finalmente condicionado a la capacidad de presión de un sector sobre el otro.
Es urgente, por lo tanto, diseñar un mecanismo consensuado que por un lado entregue indicadores objetivos sobre los cuales evaluar cualquier reajuste fiscal y, que por otro, le evite al país los recurrentes enfrentamientos y paralizaciones en cada discusión presupuestaria.