Pese a que era intención del Ejecutivo aprobar antes de fin de mes el proyecto de ley sobre capitalización de TVN, finalmente no logró concitar el acuerdo entre los senadores e incluso provocó que los dos candidatos presidenciales oficialistas presentaran objeciones a dicha propuesta. Este tropiezo no solo es una muestra de descoordinación sino que da cuenta de las distintas visiones respecto al futuro del canal estatal.
Hay quienes consideran que por ser de propiedad del Estado, TVN debiera existir a pesar de que, en los hechos, su oferta programática no difiere mayormente del resto de los canales privados de la televisión abierta. De esta manera, si la capitalización que es parte del proyecto de ley es utilizada para cubrir los actuales déficits y seguir funcionando dentro de la misma lógica que lo hace actualmente, la propuesta carece de sentido. Ello, considerando que la industria está siendo fuertemente desafiada por otros medios de comunicación (internet) y nuevas tecnologías (streaming), por lo que de no haber un cambio profundo en su gestión no sería de extrañar que en el corto plazo se necesiten nuevos recursos para respaldar el funcionamiento del canal.
Ahora, si se pretende que TVN dé un giro relevante en su modelo de negocios, acercándose a lo que hacen canales con un fuerte énfasis cultural como por ejemplo la BBC, programación que por sus características de bien público podría ser subsidiada por el Estado, debe decidirse entre las distintas alternativas que permitirían desarrollar un proyecto de estas características. Por ejemplo, en el caso británico todos los ciudadanos deben cancelar una tarifa para acceder a cualquier canal de televisión abierta, incluida la BBC. Eso no es otra cosa que un impuesto que para este año es de alrededor de $125 mil anuales por cada televisor. No pagar este impuesto acarrea multas que pueden superar el millón de pesos.
Probablemente ningún político se atreva a proponer algo semejante en Chile, por lo que una segunda alternativa es subsidiar de manera abierta y competitiva la producción y transmisión de programas culturales para que sean transmitidos por cualquiera de los canales de recepción libre que existen en el país. La tercera alternativa, entregar recursos exclusivamente a TVN, es la que ha escogido el Ejecutivo pero en realidad no existen buenas razones para sostenerla. Este camino olvida que pueden existir valiosas ideas que requieran de apoyo para llevarse a cabo en canales privados, universidades, sociedades científicas, etc.
En este contexto cuesta entender la posición del gobierno. Su proyecto de ley, que además incluye mejoras al gobierno corporativo y un rol más restringido de la Contraloría General de la República respecto del canal, apunta más bien a salvar a TVN de sucesivos problemas de gestión que, unidos a una crisis que afecta a todos sus competidores, tienen al canal en una posición financieramente compleja, más que un real interés por diseñar un mecanismo que mejore la oferta programática de la televisión local. En efecto, el camino escogido parece ser la peor de las alternativas.