LA CELEBRACION de la denominada "cumbre de La Araucanía", el martes pasado, da cuenta de la creciente preocupación por la situación de seguridad que se vive en esa región del país, donde en los últimos meses han recrudecido los ataques violentos contra las personas y la propiedad. La cita en La Moneda constituye una positiva señal de parte de las autoridades, pues revela su disposición a enfrentar un problema que se arrastra desde hace años y que no ha encontrado una respuesta consistente de parte del actual gobierno.
El denominado conflicto mapuche se desarrolla en medio de un complejo escenario social. Los resultados de la última encuesta Casen han permitido constatar una vez más que, no obstante los progresos alcanzados desde 2009, la región de La Araucanía continúa siendo la que presenta los peores índices de pobreza e indigencia. Numerosos otros indicadores ratifican las carencias en la zona, un asunto que se prolonga desde hace siglos, y que requiere de un tratamiento integral que no debe reducirse a aspectos de seguridad y donde la entrega de tierras ha probado ser ineficaz para resolver los problemas.
Lamentablemente, grupos radicalizados han desarrollado una estrategia de creciente violencia en la zona y generado un ambiente cada vez más adverso para el desarrollo de las actividades productivas, lo que contribuye a empeorar las condiciones de vida de sus habitantes. Por eso, la principal política que permitirá al pueblo mapuche mejorar sus condiciones de vida es la que garantice un ambiente de tranquilidad, propicio a la generación de empleo y al mejoramiento de la educación, claves para revertir esa malas cifras sociales en el largo plazo. Por el contrario, la debilidad ante esos actos sólo contribuirá a radicalizar la situación y a limitar la efectividad de las políticas sociales requeridas. En ese sentido, las declaraciones del ministro de Justicia, quien defendió la tenencia legal de armas en el hogar invocando la legítima defensa, resultan inoportunas y no ayudan a evitar un clima de mayor exacerbación.
Los asistentes a la cumbre del martes -inaugurada por el Presidente de la República- acordaron la adopción de una serie de medidas que apuntan a restablecer el orden público en una zona en la que este año se ha registrado casi el triple de ataques que a igual fecha de 2011. El conjunto de iniciativas contempla el aumento de las dotaciones de efectivos policiales; fortalecimiento de la coordinación entre Investigaciones y Carabineros y uso de equipos de última generación por parte de éstos; creación de nuevos retenes y subcomisarías; apoyo legal y psicológico para las víctimas; estudio al más alto nivel de cambios legales para la utilización de los testigos protegidos; control más eficiente de las medidas cautelares dispuestas por los tribunales en contra de quienes son sancionados por actos de violencia, y aceleración de los avances en torno a la prometida área de desarrollo indígena en Ercilla y Collipulli.
Si se implementan adecuadamente, estas medidas pueden constituir un real aporte. Por el contrario, ellas corren el riesgo de ser letra muerta si no existen la voluntad real para impulsarlas y de aceptar los costos políticos que ello conlleva, ni la convicción entre las autoridades y la sociedad de que es legítimo utilizar las herramientas del ordenamiento jurídico para restaurar el orden público contra quienes renuncian al diálogo y recurren a métodos violentos.