EL PASADO domingo una serie de aluviones en las zonas norte y central del país dejaron a cinco millones de personas sin agua, varios desaparecidos y cuatro fallecidos. La lluvia en la precordillera provocó desbordes de ríos en las regiones Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Además, la situación generó cortes en el servicio de agua potable, afectando a cinco millones de personas de 30 comunas de la Región Metropolitana, lo que ya había sucedido hace cuatro años.

La situación dejó en evidencia las fragilidades del sistema para hacer frente a emergencias de estas naturaleza, lo que llama la atención cuando se considera que Chile sufre periódicamente desastres naturales de diverso tipo, más aun considerando que el país cuenta con instituciones especializadas en el manejo de catástrofes.

Ha sido en la Región Metropolitana donde se ha concentrado el grueso de los efectos de la presente emergencia. Con ello se ha reabierto el debate sobre a quién cabe la responsabilidad de que nuevamente vastos sectores de la capital hayan quedado sin acceso a agua potable. En la emergencia de 2013 se comprometieron una serie de obras, entre ellas, un plan que permitiría el suministros de agua de hasta 35 horas durante este tipo de imprevistos, lo que implicaba una inversión de US$ 130 millones. A la luz de lo acontecido, parece indispensable revisar si esta medida de mitigación es suficiente o requiere de obras adicionales, cuyos costos deberían ser absorbidos por la empresa y trasladados a los propios usuarios. Llama la atención que este debate no haya sido impulsado con fuerza ni por la autoridad ni por las sanitarias, dejando al descubierto una grave vulnerabilidad.

El fenómeno que hoy afecta al país se enmarca dentro de las consecuencias derivadas del cambio climático. Ello hace indispensable revisar las capacidades con que cuenta el Estado, especialmente porque eventos como los aluviones -principalmente en los meses de enero, febrero y durante el invierno- se están haciendo más recurrentes. Lo propio está ocurriendo con los incendios forestales, de los cuales el país acaba de ser testigo de las consecuencias de no contar con una adecuada capacidad de prevención y rápida respuesta.

Por ello urge contar con los instrumentos necesarios para enfrentar este tipo de fenómenos naturales y educar a la población para hacer frente a estos riesgos. En ese sentido, sería recomendable revisar los mecanismos de alerta temprana para que puedan utilizarse eficientemente en este tipo de desastres naturales -no solo en los terremotos o tsunamis-; ello pasa por aspectos elementales como anticiparse a la catástrofe mediante alertas meteorológicas e información correcta a las comunidades.

Lo sucedido es otra muestra de que al fenómeno del cambio climático y sus efectos no se le han dado la relevancia que merece. De hecho, los últimos informes de la ONU sobre el clima dan cuenta de que la mayor parte de los desastres naturales se deben al cambio climático. Si bien no es posible impedirlos, sí se pueden reducir los riesgos a través de la prevención.