Esta semana, el ministro Cristián Larroulet contempla reunirse con los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La idea del titular de la Segpres es agilizar al máximo la tramitación del proyecto de ley que regula las acciones de lobby.
El interés del gobierno es zanjar este año un debate en materia de transparencia que se prolonga por una década. En 2003 hubo un primer esfuerzo por regular el lobby, pero el proyecto enviado por la administración de Ricardo Lagos terminó estancado en el Congreso (ver recuadro). La iniciativa que se discute ahora está en trámite desde 2008 y el gobierno le colocó suma urgencia en abril pasado.
El proyecto de ley de lobby dio un importante paso el miércoles pasado, al ser aprobado en forma unánime por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, tras un acuerdo entre el gobierno y la oposición que destrabó el debate.
En las negociaciones para alcanzar el acuerdo jugó un rol clave el diputado Jorge Burgos (DC), además de Marcelo Díaz (PS), Cristián Monckeberg (RN) y Edmundo Eluchans (UDI). Los parlamentarios fueron mandatados hace poco más de dos meses por los demás miembros de la Comisión de Constitución para consensuar cambios al texto que presentó el gobierno en mayo de 2012.
La principal discrepancia estaba en la eliminación del registro de empresas y personas que ejercen el lobby, tema considerado central para la oposición. La Moneda, tras evaluar algunas legislaciones internacionales sobre la materia, entre ellas la normativa de Canadá, llegó a la conclusión de que el registro de lobbistas había sido el principal escollo para sacar esta ley, pues la mayoría de ellos no estaban dispuesto a reconocerse como tales. Por este motivo, el Ejecutivo puso el énfasis en obligar a las autoridades a publicar las audiencias y conversaciones en las que fueran objeto de lobby.
El grupo parlamentario se reunió en cuatro ocasiones con el ministro Larroulet para analizar cambios al proyecto, como el que aumenta las sanciones por no cumplir la ley.
El gobierno, señala Burgos, se abrió a varias indicaciones. Entre las más importantes figura aumentar el número de autoridades que están obligadas a transparentar sus agendas, en el caso de que exista una acción de lobby.
Tras el acuerdo aprobado por la Comisión de Constitución, el proyecto incluye no solo a ministros, subsecretarios y parlamentarios, sino también a sus secretarios, jefes de gabinete y asesores a honorarios que incidan en la toma de decisiones.
La obligación se extiende a intendentes, gobernadores, jefes de servicios, consejeros del Banco Central, contralor general de la República, cores e, incluso, a los integrantes de las comisiones de expertos responsables de fijar las tarifas de servicios públicos.
La ley establece, además, la obligación de la Segpres de mantener actualizado semestralmente, en una página web, un registro de todas las audiencias solicitadas a autoridades de distintos poderes que tengan por finalidad promover un bien de interés particular determinado. Con esto se podrá, en la práctica, establecer un registro y ranking de todos los lobbistas.
El debate de la ley se cruza con la polémica que se produjo la semana pasada, luego de las acusaciones del ministro Jaime Mañalich respecto de que hubo lobby de los farmacéuticos sobre los parlamentarios para que rechazaran dos artículos en la Ley de Fármacos.
"Casos como el de las farmacias van a tener que ser completamente transparentes", afirma Larroulet.
Según el ministro, el acuerdo alcanzado con los diputados recoge los principios y recomendaciones que hace la Ocde. De aprobarse esta legislación, Chile pasaría a ser el octavo país de la organización en regular el lobby.
Este miércoles o, a más tardar, la próxima semana, el proyecto deberá ser analizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara, pues implica gasto público. Los diputados Pepe Auth (PPD) y Ernesto Silva (UDI) son considerados clave en la discusión, donde el gobierno mantendrá la suma urgencia. La idea es que la ley sea votada en julio en el hemiciclo de la Cámara, para luego pasar al Senado. En el Ejecutivo están conscientes de que la votación puede reflotar diferencias en el Congreso -al diputado Pablo Lorenzini (DC) no le "convence"- y seguir estancando su despacho. La decisión, sin embargo, es mantener el acelerador.