El gobierno solicitó a través de sus ministerios, los antecedentes de los 408 casos de militares, carabineros, miembros de la PDI y Gendarmería que se mantienen  activos en sus cargos y fueron condenados por delitos como  conducción en estado de ebriedad, abuso sexual, incluso, hurto de armamento y especies militares. Estos ilícitos, al tener penas menores a cinco años y no ser considerados violentos, no los inhabilitan para seguir en sus cargos.

Al respecto, ayer, desde el Ministerio del Interior señalaron que "vamos a pedir un informe a las instituciones que nos corresponden (Carabineros y PDI) y estudiaremos los antecedentes". Agregaron que "van a revisar cada una de las situaciones y dependiendo de la gravedad podrían tomar algunas medidas". Ellas llegarían hasta la desvinculación. En tanto, desde el Ejército indicaron que ayer enviaron un oficio con toda la información que ellos mantienen para que el Ministerio de Defensa la analice en su mérito.

Junto con esto, el titular de Justicia, José Antonio Gómez, indicó que "La ley establece que cuando hay penas de un cierto carácter, los funcionarios no pueden continuar en el servicio activo, pero en otras circunstancias no ocurre eso. Hay que revisar la ley, los criterios aplicados y las situaciones caso a caso".

El vocero de Gendarmería, Christián Alveal, dijo que según sus registros son 61 efectivos los que entre los años 2000 y 2013 cometieron un total de 148 ilícitos. "Hoy en día tenemos vigentes a a 44 funcionarios que están cumpliendo alguna  pena sustitutiva sin ser alejados de la institución".

El coronel explicó que la Ley 18.216 contempla la posibilidad de que los funcionarios puedan seguir en funciones. "Cabe recordar quela jurisprudencia administrativa del dictamen 7.426 del 2008 concluyó que personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y Gendarmería no están obligados a alejarse de su respectivo servicio. Eso está vigente como criterio de acuerdo a la Contraloría", dijo Alveal.

REVISAR LA LEY

El abogado constitucionalista Patricio Zapata señaló que es importante que exista una reinserción laboral y en la sociedad de las personas condenadas. Sin embargo, manifestó "que tratándose de ciertas funciones públicas, ya sean de carabineros, gendarmes, PDI, la ley chilena dice que tiene que haber una verdadera historia hacia atrás impecable, esa es la voluntad de la ley (...). Me parece discutible la interpretación de la Contraloría de que si ya pertenecen a las instituciones y eres condenado puedas seguir (en funciones)". Es por esto que indicó que es labor de los parlamentarios legislar sobre el actual marco legal. "Pienso que la reinserción es un propósito muy importante y hay que darle un sentido amplio, pero en ciertas funciones estatales (el funcionario) tiene que desempeñarse fuera de toda duda", dijo.

En tanto, Olga Feliú, presidenta del Colegio de Abogados, señaló que los funcionarios siguen desempeñándose en sus funciones, debido a que está cumpliendo el principio de legalidad.

"Si hay alguna dicotomía en la legislación, son los parlamentarios los que deben realizar el diagnóstico y realizar las modificaciones que sean necesarias", expresó la jurista.