El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dio a conocer esta tarde que el Ministerio puso en conocimiento de la justicia e interpuso una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía contra todos quienes resulten responsables de los supuestos delitos de falsificación de timbres, de instrumento público, de instrumentos privados y usurpación de funciones tras detectarse, entre otras cosas, la existencia de personas que cobraban por el ingreso y la calificación al Programa de Exonerados Políticos, hoy llamado Oficina de Exonerados Políticos.

La tarde del miércoles, esta repartición recibió un requerimiento de la Policía de Investigaciones para entregar antecedentes relacionados con la autenticidad de documentos de esta repartición hallados en la oficina de Julio Allendes Allendes, quien se encuentra formalizado y en prisión preventiva por el delito de estafa reiterada por irregularidades detectadas en el beneficio que otorga el Estado mediante la Ley Valech.

Los antecedentes aportados por la PDI, además de dar cuenta de la existencia de personas que cobraban por el ingreso y la calificación de la Oficina de Exonerados, apuntan a que entre la documentación encontrada por la policía en la oficina de Allendes Allendes se encontró un listado de 1.500 personas que supuestamente habrían sido calificadas por el Programa, razón por la cual se está evaluando si se encuentran en los registros oficiales.

"Nuestras indagaciones internas apuntan a que probablemente se han perpetrado delitos que afectan al patrimonio del Estado y es por ello que el Ministerio del Interior ha decidido poner en manos de la justicia esta situación", explicó Ubilla.

A la fecha, existen 157.624 beneficiarios en el marco del Programa de Exonerados Políticos y se contabilizan 12 mil expedientes en trámite.

Ubilla concluyó que "aquel que hoy recibe los beneficios del Programa de Exonerado Político y que lo logró producto de su situación y con documentación original tiene que estar absolutamente tranquilo. En aquellos que no, que supuestamente se habría logrado este beneficio en base a documentación falsa, ya sea por acciones de terceros o por iniciativa propia, la Justicia tiene que determinar las consecuencias".