La única chilena buscada por el FBI

CONSPIRACIÓN para cometer fraude de correspondencia, fraude en la transferencia de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero son algunos de los ocho delitos por los que la Oficina Federal de Investigación (FBI) busca a Patricia Saa Orellana, única chilena que mantiene alerta de búsqueda en la entidad de Estados Unidos, por ilícitos cometidos entre enero de 2010 y abril de 2011.

En agosto de 2012, los tribunales de ese país ordenaron su detención, pero meses antes de ser requerida regresó a la V Región. Saa, que en Chile no tiene antecedentes penales, permaneció en las localidades de Olmué y Viña del Mar. Fue detenida por personal policial en enero de 2013, para posteriormente ser sometida a un juicio de extradición realizado por la Corte Suprema, en cuyo fallo rechazó la solicitud de la embajada de EE.UU., quedando en libertad y sin ninguna medida de restricción. Sin embargo, el requerimiento sigue vigente por el FBI y la alerta permanece en la web de la entidad.

De acuerdo al sitio oficial del organismo dependiente del Departamento de Justicia estadounidense, la mujer es requerida para que sea juzgada en los tribunales del distrito sur del estado de Florida, presuntamente por ser parte de una red que estafó a 770 personas, por una suma cercana a los US$ 20 millones.

El documento oficial del FBI detalla que el modo de operar era a través de la empresa denominada Commodities Online, LLC (COL), cuya casa matriz se ubicaba en la ciudad de Naples y donde Saa era una de sus fundadoras. La versión del organismo es similar a los antecedentes que fueron presentados por la embajada de EE.UU. ante el máximo tribunal chileno. "Pedía que gente invirtiera en contratos de mercancías pre-vendidas, prometiendo ganancias en su favor de entre un 3% y 33%, en un período de 15 y 115 días", detallando que convencían a los supuestos socios "haciendo representaciones materiales falsas y fraudulentas, omitiendo y ocultando hechos materiales, tales como el control de la empresa", detalla la acusación.

En el requerimiento, que fue alegado por representantes del Ministerio Público, se agrega que para concretar los delitos "se les dijo a los inversionistas que su dinero sería usado para el capital de trabajo de la empresa. Sin embargo, ello no fue así. En su lugar, la requerida (Patricia Saa) y sus co-conspiradores tomaron el dinero de las cuentas bancarias, con el fin de pagar a inversionistas en otras maquinaciones fraudulentas semejantes y para su uso en propósitos personales".

Humberto Sánchez, abogado de la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional y que representó a la mujer, manifestó que ella hace 25 años se fue a EE.UU. a trabajar como asesora del hogar y que después de desempeñarse en diversas labores pudo consolidarse económicamente, instalándose con una empresa de corretaje de propiedades, la cual cerró debido a la crisis económica de 2009.

"Se contacta para trabajar como empleada en una empresa de inversiones, donde había abogados y empresarios norteamericanos", detallando que fue contratada por su experiencia en el mercado latino. "Ella nunca dudó de que trabajaba en algo ilegal. Cuando viajó a Chile, porque se casaba una sobrina, se enteró de todos los ilícitos y que había sido inculpada por los dueños, pienso, para aminorar su responsabilidad".

En ese sentido, la Corte Suprema acogió los argumentos de la defensa y rechazó la solicitud de extradición por dos puntos fundamentales. "Uno de ellos es que en los contratos se les advertía a los inversionistas que podían perder el dinero, debido a la naturaleza del negocio. La otra razón es que ella no tenía las atribuciones para poder concretar los fraudes", explicó Sánchez.

Patricia Saa intentó ser contactada por La Tercera, pero no pudo ser ubicada. Cercanos afirmaron que se instaló en Viña del Mar con una empresa de corretajes llamada Premier Propiedades, que cerró el año pasado.