LOS FUNCIONARIOS del Servicio Nacional de Aduanas iniciaron ayer un nuevo paro -que podría ser de carácter indefinido- en reacción a lo que estiman un incumplimiento por parte del Ministerio de Hacienda respecto de una serie de compromisos suscritos con Aduanas, los que apuntaban a un mejoramiento de las condiciones laborales.
Nuevamente los ciudadanos y el sector productivo del país se ven afectados por una movilización ilegal por parte de un servicio público, la que es convocada en total impunidad, tal como por lo demás ha ocurrido con las innumerables paralizaciones de reparticiones estatales, como ha sido el caso de los servicios de salud, Registro Civil, Servicio Médico Legal, profesores y la propia Aduanas.
Resulta desesperanzador constatar que la huelga sigue siendo utilizada como una herramienta de presión, aprovechándose de la condición monopólica de los servicios del Estado, lo que le causa un gran daño al país. En este caso, resulta especialmente crítico, porque las salidas e ingresos al país, así como todo el engranaje del comercio exterior se ve trastocado.
Aun cuando es legítimo que un servicio del Estado haga ver la necesidad de mejoras en sus condiciones laborales, ello debe canalizarse por las vías institucionales -en este caso, los ministerios sectoriales- y cualquier solución debe ser materia de ley. Los acuerdos incumplidos a los que alude Aduanas fueron alcanzados a fines del año pasado, y permitieron desactivar otra huelga inminente por parte de este servicio.
Le cabe ahora al Ministerio de Hacienda explicar los fundamentos de las soluciones que ha propuesto, pero es indispensable que cualquier acuerdo se dé en el marco de la ley, lo que supone que no debe seguir negociándose en la medida que se mantengan medidas de fuerza.