Señor director:
El aumento en $ 108 mil millones del presupuesto destinado a financiar el Crédito con Aval del Estado (CAE), que incluye el proyecto de Ley de Presupuesto 2017, es un balde de agua fría a las pretensiones de transformación efectiva del sistema de educación superior.
Análisis nuestros indican que de las 14 universidades en las que el CAE representa más del 5% de sus respectivos ingresos (para la serie 2012-2015), la mitad ha sido investigada por lucro. En 2011, el Banco Mundial advertía de los altos niveles de morosidad asociados al CAE -cercanos al 50%- y del alto nivel de deuda que representa, el cual en promedio alcanzaba a un 174% del ingreso anual de los deudores y cuya cuota mensual representaba entre un 15% y un 18% del ingreso mensual.
Se debe aumentar el escrutinio público y la transparencia del uso de los fondos fiscales que reciben las instituciones. No es posible que el CAE siga siendo una especie de "botín" que permita a ciertas entidades beneficiarse a costa del endeudamiento individual de los estudiantes. Se debe avanzar en breve plazo en torno al diseño de un nuevo sistema, que debiera permitir que el Estado tenga una mayor participación, incluyendo la posibilidad eventual de que éste, por sí mismo, otorgue créditos y efectúe cobranzas.
El Estado debe contar con los mecanismos para ejercer mayor control y regulación sobre las entidades prestatarias, las instituciones y los propios alumnos. Se debería abrir la posibilidad de que más instituciones participen del sistema, incluyendo algunas de carácter no financiero.
El proyecto de ley, y más aún la posibilidad de perfeccionamiento del mismo, mediante una indicación sustitutiva, constituye una importante "ventana de oportunidad" para reemplazar el CAE.
Natalia Vargas Palacios
Coordinadora Técnica
Tito Flores Cáceres
Director Ejecutivo Observatorio
de Educación Superior de las
Universidades del Estado