LUEGO DEL ataque en la región de La Araucanía -que afectó a 19 camiones y que fue revindicado por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)- el intendente de esa región, Miguel Hernández, llamó a un diálogo "sin exclusiones" que integre a la CAM, así como también a otros grupos radicalizados. Sus declaraciones provocaron malestar en el gobierno, por lo que fue citado a una reunión el pasado lunes.
Los dichos de Hernández no constituyen una buena señal. Que una autoridad muestre disposición a dialogar con un grupo que justifica los medios violentos en su accionar o que revindica atentados contra la propiedad y la violencia como acción de lucha, transgrede todos los esfuerzos que ha estado realizando el gobierno para buscar soluciones a la grave situación que afecta a esa región.
Incluso la Constitución es clara en señalar la inconstitucionalidad de todos "los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellas que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción".
Por ello, la acción y la postura del gobierno en este tema va en la línea correcta, debido a que la Presidenta Michelle Bachelet insistió en que "no habrá diálogo con personas que lleven adelante la violencia". La región de La Araucanía ha visto un grave debilitamiento del estado de derecho, con episodios de violencia, que de acuerdo a cifras de la Multigremial de la Araucanía se agudizaron durante 2016. Si bien, la disposición al diálogo en la región es positiva, la autoridad hace bien en no iniciar ningún acercamiento con estos movimientos en tanto no exista un compromiso real de abandonar la violencia.