Las 10 personas asesinadas hace hoy 16 años en la masacre de La Cantuta comenzaron a "descansar en paz" ahora que sus restos están en manos de las familias, pero para cerrar el ciclo falta que se condene al entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, según opinaron hoy los deudos.

"Mi hermano descansará sabiendo que sus asesinos son juzgados", comentó Gisela Ortiz, cuyo hermano Luis Enrique fue uno de los nueve estudiantes de la universidad La Cantuta que, junto con un profesor, fueron secuestrados dentro de la institución académica el 18 de julio de 1992 por un comando militar que luego los asesinó.

Ortiz hizo los comentarios en el marco de las ceremonias que se cumplen hoy en presencia de los cuerpos, entregados el jueves por el Ministerio de Justicia a los deudos. Los restos están en solo seis féretros, pues el estado en que quedaron tras ser incinerados por los asesinos impidió una plena identificación individual.

Los asesinados retornaron hoy a la universidad para un homenaje previo a la sepultura de mañana. Por coincidencia ese retorno se produjo justo cuando se cumplía un aniversario más de la tragedia.

Los deudos están convencidos de que Fujimori fue responsable de la masacre, por lo que anhelan verlo sentenciado a 35 años de cárcel. El ex mandatario es procesado actualmente por esa matanza y por otra de 15 personas cometida por el mismo grupo militar Colina en 1991.

Hasta ahora, la Justicia le dio 35 años de cárcel al entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, general Julio Salazar Monroe, y 20 años al entonces jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, coronel Alberto Pinto. Además, ocho integrantes operativos del Colina han recibido condenas de entre 15 y 20 años.

Están en curso también procesos contra otros dos presuntos autores intelectuales, el ex asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos y el ex máximo jefe militar del país Nicolás Hermoza, así como contra los dos máximos jefes operativos del Colina, los mayores Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe.

El profesor Hugo Muñoz y los estudiantes Bertila Lozano, Dora Oyague, Armando Amaro, Roberto Teodoro, Luis Enrique Ortiz, Juan Mariños, Heráclides Pablo, Marcelino Rosales y Felipe Flores fueron sacados de La Cantuta por hombres encapuchados y fuertemente armados, en momentos en que la universidad estaba bajo control militar.

Tras un tenso proceso en que políticos de oposición, periodistas, deudos y el fiscal Víctor Cubas profundizaron la investigación pese a las reticencias y amenazas del fujimorismo y las Fuerzas Armadas, los cadáveres fueron hallados un año después en una fosa clandestina en las afueras de Lima, todos con un balazo en la cabeza.

Las investigaciones determinaron plenamente que las 10 personas fueron asesinadas por el grupo Colina, organización militar con amplia libertad de acción dentro del SIN. Los asesinos sospechaban que sus víctimas eran del grupo ultraizquierdista armado Sendero Luminoso, pero nunca aparecieron pruebas contundentes al respecto.