Maniobras para eludir el veto presidencial

Una situación sin precedentes es la que se ha generado a raíz del rechazo por parte de un grupo de parlamentarios al veto que el Presidente de la República -en el uso de sus facultades constitucionales- presentó respecto del proyecto de ley que establece un sistema de garantías y protección de la Niñez y la Adolescencia. Dicho veto contiene observaciones sustitutivas, supresivas y aditivas, las que están inspiradas en la necesidad de considerar una progresión en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, de no minimizar la responsabilidad de los padres en el desarrollo de los menores y de dar mayor coherencia con otras normas o proyectos en estudio.

Insólitamente, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados declaró inadmisible el veto presidencial en su totalidad, decisión que luego se ratificó en sala por 66 votos a favor y 59 en contra, por estimar que no guarda relación con las ideas matrices del proyecto, la única causal que de acuerdo con la Carta Fundamental hace improcedente un veto. La respectiva Comisión Especial de Asuntos de la Infancia del Senado, en una decisión sin mayor debate, también rechazó el requerimiento del Mandatario, aduciendo las mismas razones que la Cámara, restando ahora que se pronuncie la sala.

Difícilmente podría sostenerse que las objeciones que ha hecho presente el Ejecutivo no guardan relación con las ideas matrices del proyecto. Los legisladores que han sostenido su improcedencia aducen que de consentirse habría una reducción en el estándar de protección que se deben a los menores, desconociéndolos como titulares de derechos y minimizando su protección judicial en relación con el proyecto. Pero en vez de hacer una defensa de su postura y oponerse al veto con el voto de los dos tercios en cada cámara -que es el quórum que fija la Carta Fundamental para rechazar un veto e insistir con el proyecto como lo aprobó el Poder Legislativo-, se ha optado, en cambio, por este subterfugio que solo requiere mayoría simple, sin abordar el fondo del asunto, algo que claramente burla lo que pretende la Constitución.

Lo ocurrido genera un grave precedente, pues recurriendo a mayorías circunstanciales se están desconociendo abiertamente las prerrogativas presidenciales establecidas en la Constitución, confundiendo un mecanismo como la declaración de inadmisibilidad -que busca evitar que el veto distorsione lo que se pretende legislar introduciendo otras materias o cambiando el sentido del mismo- con una herramienta de presión política.

Es lamentable el escenario que se ha planteado, pues para el buen funcionamiento del sistema democrático resulta fundamental que cada una de las instancias actúe conforme sus facultades y no se busquen subterfugios para eludir el orden constitucional, algo que peligrosamente se está empezando a naturalizar en sede legislativa. Es por ello acertado que el Ejecutivo haya anunciado que hará reserva de constitucionalidad para así poder recurrir al Tribunal Constitucional (TC), y que este sea el llamado a zanjar esta insólita contienda.