Falta de redes y trabas: solo un 15,9% de las mujeres migrantes profesionales habría podido validar sus títulos

No importa qué tan calificadas estén o la determinación con la que busquen insertarse en el mundo laboral: las mujeres migrantes profesionales que intentan validar sus títulos académicos en Chile se enfrentan a un proceso marcado por los obstáculos que puede durar años. Así, son muchas las mujeres que no pueden ejercer sus carreras y aspirar a un mejor futuro.

Un 47,4% de las mujeres que migran al país cuenta con estudios superiores, según un sondeo de PRODEMU en alianza con Hola América, pero solo un 15,9% de ellas ha podido validar sus credenciales para poder optar a mejores trabajos. Estas cifras resaltan los desafíos que enfrentan las mujeres migrantes en su búsqueda de realización profesional y su integración en la fuerza laboral chilena.

Una de las principales dificultades radica en la regularización migratoria: hay una evidente lentitud en el sistema de gestión que impide que la mayoría de las migrantes pueda contar con el reconocimiento adecuado de sus títulos.

“Estos procesos a nivel país son súper complejos, no solo porque los trámites de validación de los títulos son costosos, sino también porque a veces es muy complicado tener acceso a los documentos que necesitas para eso en tu país de origen”, explica Norihuska Camacho, coordinadora del programa Hola América en Chile, impulsado por las organizaciones Ashoka y 2811.

“Hay profesiones, además, que necesitan una validación extra. Tengo amigos del área de la salud que han tenido que trabajar un año, por ejemplo, en un call center para poder reunir la plata para pagar el examen para poder validar la profesión”, agrega Camacho.

Catalina Fernández, investigadora de PRODEMU, explica que si bien el trámite de reconocimiento de estudios en el país de origen puede ser realizado con pasaporte, se requiere que el título profesional y los documentos necesarios estén apostillados. Además, existen diferencias en ese proceso según el país en el que las personas hicieron sus estudios.

La lentitud en los procesos de regularización migratoria se deben a los requerimientos de la legislación chilena, explica. Por eso, muchas personas se enfrentan con dificultades a la hora de realizar los trámites, ya que el sistema no logra dar respuesta a sus solicitudes en los tiempos estipulados.

Esta situación puede exponer a las mujeres a distintos formas de discriminación y abuso. “Las mujeres migrantes recién llegadas no necesariamente cuentan con redes en el país, lo que les dificulta poder conseguir una vivienda debido a los requisitos de arriendo. Muchas veces hace que deban recurrir al subarriendo”, explica Fernández.

Ante la espera, estas mujeres generalmente terminan haciendo trabajos sin contratos o independientes.

De las personas que participaron en el estudio, un 69,2% declaró estar trabajando de forma remunerada, pero un 75,1% aseguró estar recibiendo ingresos menores a los $500.000. Un 38,5% indicó tener contrato indefinido y un 29% reportó trabajar sin contrato. Además, un 46% de las encuestadas no se encuentra cotizando en ningún sistema previsional.

Un factor que agrava esta realidad es la carga que usualmente tienen las mujeres migrantes en el ámbito de las labores de cuidados. Muchas de ellas no cuentan con redes de apoyo familiares o sociales que las ayuden con sus hijos para poder acceder al mercado laboral o de capacitación.

“Cuando las mujeres no tienen redes de apoyo y no tienen acceso a los espacios de cuidado para sus hijos porque no tienen su regularización migratoria, es más difícil insertarse en el mercado laboral. La suma de todo eso lo hace difícil”, explica Camacho.

“Además, los horarios de los colegios o jardines infantiles públicos no siempre son compatibles con sus empleos formales, lo que genera la dificultad de con quien dejar a niños, niñas y adolescentes”, añade Fernández.

La investigación también identificó un desconocimiento del sistema financiero local en relación al funcionamiento de los bancos, la obtención de créditos, el pago de impuestos, el acceso a tarjetas y el sistema de cotización individual.

“La desinformación es un gran obstáculo porque muchas veces estas mujeres no saben bien cuáles son los requisitos para, por ejemplo, abrir una cuenta. O se necesita tener carnet vigente, entonces es complicado cuando hay que esperar otros trámites”, explica Camacho.

Para Fernández, es fundamental que se capacite a las mujeres migrantes en educación financiera. “El conocimiento es una herramienta muy importante que debe ser puesta a su disposición. Hay que entregarles herramientas para comprender cómo funciona el sistema y prevenir el sobreendeudamiento”, dice.

El estudio entregó algunas propuestas para la actual Ley 21.325 de migración y extranjería: sugiere acelerar los procesos y buscar medidas para amortizar los gastos, sobre todo de quienes no se encuentran en la zona centro del país. También destacaron la necesidad de que quienes trabajen con población migrante estén capacitados en perspectiva de género.

“Es importante destacar que las mujeres migrantes no solo son víctimas de las violencias y deben ser pensadas como sujetos vulnerables, sino que ellas son agentes activos dentro de los procesos de cambio de sus familias y entornos, y que en base a la organización y encuentro han generan impactos positivos en nuestra sociedad”, dice Fernández.