El indulto no se toca: por qué la Comisión Experta no modificó esta atribución presidencial y qué harán los consejeros

La Comisión Experta llevaba algunos días de funcionamiento cuando afuera de las cuatro paredes del Congreso en Santiago, solo a algunas calles de distancia, La Moneda se enredaba en una crisis política provocada por los indultos particulares que concedió el Presidente Gabriel Boric.

A fines del año pasado, el Mandatario indultó a 12 personas que estaban condenadas por delitos vinculados al estallido social y a un exfrentista. Lo que partió como el uso de una atribución presidencial reconocida en la Constitución, terminó en un huracán que sacudió al gobierno, hizo caer a la exministra de Justicia Marcela Ríos y trasladó el tema a un requerimiento para impugnar estos beneficios ante el Tribunal Constitucional.

Mientras todo eso ocurría, 24 expertos empezaban su trabajo para redactar el anteproyecto de nueva Constitución que debían entregarle al Consejo Constitucional. Como la polémica de los indultos estaba en su momento más álgido, varias voces comenzaron a promover cambios a la atribución presidencial del indulto particular y apuntaron a la Comisión Experta como la instancia que debería hacerse cargo del problema y modificar su regulación constitucional.

La presión se trasladó a los expertos. Tanto así, que varios comisionados comentaban que había que tomar distancia de la coyuntura y pensar una regulación constitucional sin contaminarse de la polémica del momento. Por lo mismo, cuando la Comisión presentó sus normas para la aprobación en general, los expertos que integraron la subcomisión de Sistema político optaron por patear esta discusión y resolverla más adelante, en el proceso de enmiendas.

La postura mayoritaria del oficialismo fue mantener el indulto tal como estaba. Algunas voces minoritarias estaban a favor de eliminarlo. En la derecha pasó algo similar. Pocos comisionados querían ponerle fin a esta atribución presidencial y la gran mayoría se la jugó por mantenerla y limitarla solamente a casos humanitarios por razones de salud. Sin embargo, en este último grupo algunos expertos temían que esa limitación fuera interpretada como un cambio hecho a la medida de los internos de Punta Peuco.

Llegado el momento de las enmiendas, la oposición no ingresó ninguna. La izquierda presentó una indicación para prohibir que se pueda indultar a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, pero nunca la defendió con mayor énfasis.

Cuando los comisionados de Sistema político empezaron a negociar las enmiendas para ver qué tanto espacio había para llegar a indicaciones de unidad de propósito, debatieron sobre qué hacer con los indultos. Fue en ese momento en que los expertos tomaron conciencia de que en realidad si no hacían nada, el indulto no desaparecía.

Si bien este beneficio presidencial ya no estaba listado en la sección de las atribuciones del Presidente de la República, el indulto particular sí había quedado regulado en otra parte de las normas del anteproyecto que ya habían sido aprobadas en general.

En el artículo 76, la norma que regula los temas que son materias de ley, en la letra f) se lee lo siguiente: “Solo son materias de ley las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia”.

Por lo tanto, los expertos ya habían regulado el indulto particular -sin ninguna modificación- al dejarlo mencionado en los temas que son materia de ley. Por lo mismo, pese a todo el revuelo causado en un inicio, finalmente optaron por no innovar y mantener el indulto particular sin modificaciones.

Ahora el debate se trasladará al Consejo Constitucional y serán los consejeros quienes deberán tomar una decisión: si mantienen lo regulado por la Comisión Experta u optan por alguna innovación. Hasta el momento, todo indica que el indulto no se tocará y quedará sin mayores cambios en la propuesta de nueva Constitución.

Desde la bancada socialista, el consejero Christian Suárez (Ind-PS) se inclinó por conservar esta atribución presidencial. “En esto hay que ser razonables. Los indultos forman parte de la historia constitucional de Chile. Si bien a veces ha habido dificultades en su aplicación, eso no significa que tengamos que sacarlos de la Constitución”, señaló el representante del Maule.

Suárez continuó argumentando que “las constituciones constituyen una estructura que tiene sentido y existen ciertas válvulas que siempre ayudan al sistema, y creo que el indulto forma parte de esto. Es una institución muy antigua y que siempre ha estado. Yo prefiero apegarme a la tradición constitucional chilena”.

En la vereda contraria, el tema aún no se ha conversado formalmente en la bancada republicana. Pese a que el debate aún no se ha dado, el delegado de los consejeros de ese partido, Luis Silva, sostuvo que su primera “aproximación personal” es mantener esta atribución presidencial.

“Me parece que es sano que el sistema de justicia tenga una vía de escape como la del indulto para compensar los problemas inherentes a cualquier sistema humano de justicia, pero también soy consciente de las deficiencias de esta atribución en manos del Presidente”, señaló Silva, quien aclaró que se trata de su opinión y no una postura de su bancada.