Cómo entender el "gran legado" de la Presidenta Bachelet

De los proyectos educacionales, los de educación superior fueron los que generaron más conflictos. La falta de acuerdos dentro del Gobierno, dentro de la Nueva Mayoría, y entre el oficialismo y la derecha, los estudiantes y los rectores, derivó en que el Ejecutivo dividiera el área en varios proyectos para tramitarlos por separado. Ayer, el Congreso despachó las últimas iniciativas.

b Ley de educación superior

Este proyecto establece un nuevo marco regulatorio, al crear una subsecretaría para el ramo, que definirá políticas, y una superintendencia que fiscalizará. Además, modifica el sistema de acreditación institucional, que tendrá cuatro categorías (básica, avanzada, excelencia y no acreditada) y establece un sistema de acceso común a todos los planteles que cuenten con gratuidad.

Además, este último beneficio queda fijado por ley (hasta ahora se entregó a través de la Ley de Presupuestos) y plantea condiciones para ir aumentando la cobertura. Este año, el 60% de los estudiantes de esas instituciones no tendrá que pagar, y la reforma plantea que la cobertura suba al 70% cuando los ingresos fiscales estructurales lleguen al 23,5% del PIB, al 80% cuando lleguen al 24,5% del PIB, al 90% cuando lleguen al 26,5% y a la universalidad cuando lleguen al 29,5%.

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Para acceder a la gratuidad, los planteles (universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica) deben tener acreditación institucional avanzada o de excelencia, estar constituidas como sin fines de lucro y ser parte del sistema de acceso.

Este proyecto también fue aprobado ayer. Fue un capítulo de la reforma general, pero debido a los conflictos que tuvo esa iniciativa, el Ejecutivo la separó y tramitó aparte, logrando mayor consenso entre los parlamentarios.

El proyecto le otorga un marco jurídico a las 18 universidades fiscales para "fortalecer sus estándares de calidad académica y de gestión institucional". Establece que estas instituciones deben cumplir funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio, para contribuir a la sociedad.

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Además, crea un fondo de fortalecimiento (que durante la discusión se homologó a las universidades públicas no estatales del CRUCh, como la U. Católica, a través de un fondo basal) y establece que el Consejo Superior será el máximo órgano colegiado, al que le corresponde definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución.

En estos cuatro años, también fueron creados nuevos planteles estatales. Ese es el caso de las universidades de O'Higgins y Aysén, que están iniciando su segundo año académico, aún en medio de la construcción de sus edificios y sedes. En estas dos regiones donde no había universidades fiscales. Además, fueron creados 15 centros de formación técnica, uno por región, los que están en plena fase de instalación.

También hubo otras leyes que cambiaron la regulación de la educación superior, como la que creó el Administrador Provisional (que se ha aplicado en la U. Arcis y ahora en la U. Iberoamericana) y la que acabó con el Aporte Fiscal Indirecto

Fue uno de los primeros proyectos presentados por el Gobierno, tramitado entre junio de 2014 y abril de 2015, que creó una subsecretaría a cargo de diseñar las políticas eucacionales para el sector y de coordinar la instalación de nuevos cupos en salas cunas y jardines infantiles.

En un inicio, el Gobierno comprometió la apertura de 124 mil plazas, pero luego los recalcularon a 70 mil, meta que ya estaría cumplida, de acuerdo a las últimas plazas inauguradas.

Esta área fue abordada con dos grandes políticas:

Fue una de las primeras reformas y una de las más polémicas. La propuesta buscó regular el sistema de admisión a los colegios (a través de un sistema computarizado de selección, llamado por algunos como la "tómbola"), eliminar el copago de los padres en los planteles subvencionados para reemplazar ese aporte por recursos fiscales, y prohibir el lucro en estos colegios.

A enero, 5.341 colegios particulares subvencionados estaban en manos de sostenedores sin fines de lucro o habían iniciado el proceso de traspaso (94% del total) mientras que sólo 186 no lo habían hecho, corriendo el riesgo de que se les congele la subvención. Además, otros 175 establecimientos habían renunciado voluntariamente al aporte fiscal, porque iban a cerrar o decidieron pasar a particulares pagados.

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El nuevo modelo de selección comenzó a aplicarse en el proceso 2016-2017 en Magallanes, ahora se extendió a otras cuatro regiones y a fin de año, para la admisión de 2019, entrarán en régimen todas las regiones. Este año, 81.234 escolares usaron el sistema y el 93% quedó seleccionado en un colegio escogido por sus padres.

En tanto, respecto al fin del copago, hay 958 colegios que han pasado a ser totalmente gratuitos desde 2015. Por estas razones, la ministra Adriana Delpiano aseguraba hace unos días que "se terminó el lucro en la educación".

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Es el proyecto que desmunicipalizará a más de 5 mil colegios y los traspasará a 70 Servicios Locales de Educación, entidades estatales autónomas que los administrarán, acabando así con un sistema de más de 30 años. Fue aprobado en noviembre y supone uno de los mayores cambios estructurales de la educación escolar.

Durante el debate, el Ejecutivo y la derecha pactaron extender el plazo de transición, con lo cual sólo algunos servicios entrarán en funcionamiento en el próximo gobierno y el resto irá ingresando hasta 2025. Además, en medio de ese período habrá una evaluación al sistema, que permitiría aplazar el ingreso de nuevos servicios. En régimen, el cambio tendrá un costo de $215 mil millones anuales, y detrás de éste, está la idea de recuperar a la educación pública, que hoy suma 1,3 millones de estudiantes, 38% menos que hace una década, caída que recién este año se detuvo.

Esta también fue una de las principales políticas educativas del Gobierno y uno de sus principales dolores de cabeza. La iniciativa busca reformar todo el sistema laboral y de enseñanza de los profesores, empezando por los requisitos a las carreras de pedagogía. Por ejemplo, para ingresar a esos programas ahora deben obtener más de 500 puntos en la PSU, o estar en el 30% superior del ranking de notas. Entre 2020 y 2023, las exigencias aumentarán más.

Además, todos los colegios que reciban aporte fiscal, incluidos los parvularios, ingresarán gradualmente hasta 2026 al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, lo que les significa a los maestros un aumento del 30% en sus sueldos, aproximadamente. Este fue el último cambio que entró en régimen.

Para ello, debe evaluarse en un nuevo sistema de reconocimiento, que ubica a los docentes en tramos de ingreso progresivos según su experiencia. Algunos de estos son obligatorios (los docentes deben mejorar académicamente para pasarlos) y otros son voluntarios.

Para ello, contarán con apoyo formativo durante su carrera a cargo de un órgano especializado del Mineduc (Cpeip), que les dará formación continua gratuita y los apoyará en su sala de clases. Junto con ello, se mejoran las condiciones laborales a través de la disminución paulatina de las horas que permanecen en la sala de clases, para que puedan preparar mejor sus contenidos.

La propuesta también fue resistida por el Colegio de Profesores, que levantó un paro de 57 días, por considerar que el proyecto carecía de un aspecto colaborativo en la enseñanza en el aula.