El segundo diferendo limítrofe más complejo entre Chile y Bolivia -después de la reivindicación de la salida al mar de la nación altiplánica- está a punto de llegar a su fin. Tras una centuria de conflictos, Santiago y La Paz llegaron a un acuerdo sobre las aguas del río Silala -o Siloli- que establece que la nación altiplánica puede disponer libremente del 50% del curso de agua antes que cruce la frontera y puede dar autorizaciones para su aprovechamiento a ambos lados de la frontera. El pacto tiene en Chile un gran damnificado: el grupo Luksic que, junto a Codelco, tiene los derechos sobre ese curso desde hace más de 120 años, y hoy ya vende a comunidades y empresas agua que supera el 50% de los recursos del Silala que -con el acuerdo- quedan a disposición de los chilenos.

Dados los términos del acuerdo, Bolivia puede vender a privados agua del Silala si así lo decide, señala la directora de fronteras y límites de la Cancillería, María Teresa Infante. Y según señaló el subsecretario de Relaciones Exteriores Alberto Van Klaveren, el pacto establece "un marco adecuado", que permite que Bolivia, "de acuerdo con su legislación", pueda reclamar un pago a las empresas que hagan uso del río. Eso implica que el Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), del grupo Luksic, tendría que pagar por parte del recurso que hoy utiliza, lo mismo que Codelco, o ver mermada la cantidad de recurso que obtiene. El costo de este importe, según prensa boliviana, oscila entre US$ 15.000 y US$ 17.000 diarios, considerando toda el agua que correspondería a Bolivia.

Pese a los costos que les puede significar el pacto, tanto el conglomerado privado como la cuprera estatal son renuentes a referirse a él. En el caso de los Luksic, temen que cualquier posición adversa al acuerdo les signifique represalias para su negocio en Bolivia, ya que controlan la operación del Ferrocarril Andino, que está en la mira de las autoridades para su nacionalización, dicen en el grupo. Hoy, confirma el viceministro de Transportes de Bolivia, José Kinn, está en marcha un estudio para auditar el estado de las inversiones que han hecho los Luksic en la empresa y decidir con ello su estatización, algo que incluso ayer reiteró el propio Evo Morales. Codelco ha supeditado sus intereses a los de la administración Bachelet, aunque, como señala un director de la estatal, "si usamos más del 50% tendríamos que pagar por esa agua, que va directamente para Codelco Norte (Chuquicamata y RT)".

Pelea centenaria

El ferrocarril de los Luksic tiene los derechos sobre ese curso de agua desde 1906, aunque hay antecedentes de licencias desde 1888 (ver cronología). Esta pertenencia fue vital para la zona: en 1938, el FCAB construyó una cañería desde el Silala (en el grupo insisten en llamarlo Siloli) a San Pedro, para abastecer a Calama. Aunque su caudal es modesto -es un río de sólo ocho kilómetros de largo, 60 centímetros de ancho y 40 de profundidad, con un caudal de 300 litros por segundo- con esa poca agua se abastecen los poblados de Sierra Gorda y Baquedano, así como a varias mineras de la zona, generando un atractivo negocio para la filial de los Luksic.

Según María Teresa Infante, tanto Codelco como FCAB han sido informados de las tratativas, que se iniciaron en junio del 2008, aunque los primeros acercamientos datan del año 2000. En la cuprera estatal han estado al tanto de las negociaciones Waldo Fortín, de la consejería jurídica corporativa, y Guillermo Morales. El ferrocarril ha sido representado por Miguel Sepúlveda.

El acuerdo por el Silala es valorado por el empresariado boliviano. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub, expresó que "el cambio positivo en la posición del gobierno chileno es una señal de apertura que recibimos con satisfacción, pues puede también dar pie a otro tipo de acuerdos que beneficien el comercio bilateral".