EL PARO protagonizado por recolectores de basura, que concluyó el miércoles, luego de llegar a un acuerdo con las empresas contratistas, municipios y el gobierno, debe servir para extraer algunas conclusiones útiles para el futuro.

La movilización, que tenía como objetivo exigir mejores condiciones laborales y salariales, llegó a su fin luego de que se acordara iniciar una mesa técnica que fije un marco regulatorio especial para estos trabajadores y discutir, entre otros aspectos, un eventual aumento de remuneraciones y ajustes de la jornada laboral. Se trata de una solución que debería permitir a los trabajadores gozar en el mediano plazo de condiciones más favorables.

Es positivo que se haya logrado un acercamiento entre las partes y se pusiera término al conflicto -que llevó al Ministerio de Salud a decretar alerta sanitaria en 150 comunas, debido a la acumulación de toneladas de basura-, pero ello no debe hacer que se ignore la ilegalidad de las medidas de presión utilizadas durante el paro. El bloqueo concertado de los accesos a los rellenos sanitarios es una acción al margen de la ley. Al mismo tiempo, es importante recordar que la legislación laboral establece que la negociación debe darse al interior de cada empresa y no por sectores, que es lo que ocurrió en esta ocasión y ya había tenido lugar en otros conflictos, como el que involucró hace unos meses a los trabajadores portuarios.

El efecto de demostración que tiene este tipo de movilizaciones debe motivar a las autoridades a actuar con cautela y a limitar sus intervenciones en este tipo de situaciones. En este caso, al tratarse de un problema con claras repercusiones sanitarias, la participación del gobierno se hacía inevitable y necesaria, al punto que fue gracias a su mediación que las partes llegaron a un arreglo. Sin embargo, la actuación del Ejecutivo debe ser coherente con otros deberes ineludibles, como la mantención del orden y velar por el respeto a las leyes y los derechos de las personas.