Cerca de las 11 de la mañana del viernes pasado, efectivos de Carabineros realizaron un hallazgo que causó preocupación: en la comuna de Vitacura fue encontrada una bomba que iba a ser detonada mediante un teléfono celular.

El artefacto permanecía al interior de un contenedor de basura, ubicado en el sector de Las Tranqueras, en las inmediaciones de la 37ª Comisaría de Vitacura. La bomba estaba armada con 350 gramos de pólvora negra comprimida en un extintor, además de un aparato de telefonía móvil que iba a ser el detonante.

Es la primera vez que la policía encuentra una bomba de estas características y que permite que sea activada mediante una llamada telefónica o la alarma del aparato.

Por este motivo, el hallazgo generó inquietud en los organismos policiales y el Ministerio Público, debido a esta modalidad para activar una bomba y que ha sido utilizada en países con severos conflictos internos.

Según las pericias realizadas, la bomba estaba programada para que estallara a las 4 de la madrugada del 14 de enero, mediante la activación de la alarma del celular, pero no hizo explosión, debido a que los autores del ataque cometieron errores a la hora de armar el sistema.

La existencia del artefacto fue alertada por un trabajador municipal, que lo vio al interior de un basurero y dio aviso a Carabineros, que se constituyó en el lugar y pudo desarmar la bomba.

El hallazgo hizo que la Fiscalía Metropolitana Sur, donde se tramita la serie de atentados, abriera una nueva línea de investigación respecto de posibles ataques con esta nueva modalidad en contra de objetivos como sucursales bancarias, iglesias, gimnasios, comisarías y empresas.

Como el atentado fracasó, se pudo recuperar el celular que iba a ser utilizado como detonador del explosivo. El aparato es sometido a una serie de peritajes.

Según fuentes vinculadas al caso, el frustrado ataque ocurrió justo el día en que se cumplían cinco meses del operativo policial en el cual fueron detenidas 14 personas, investigadas por su presunta participación en los ataques con bombas.

Durante la semana pasada hubo varias actividades en apoyo al grupo de 10 imputados, que actualmente se encuentran en prisión preventiva. Están formalizados por asociación ilícita terrorista e instalación de artefactos explosivos en diferentes puntos de Santiago.

Se cumple el plazo

El próximo 14 de febrero vence el plazo de seis meses que dio el tribunal para terminar la investigación.

En ese sentido, el Octavo Juzgado de Garantía, donde está radicado el caso, debe efectuar una revisión de las medidas cautelares de las personas que se encuentran en prisión preventiva y que han denunciado malos tratos en prisión.

La fiscalía está facultada para pedir ampliar el plazo de investigación, argumentando que podrían quedar diligencias pendientes.

De lo contrario, una vez cerrada la indagatoria, debe presentar acusación formal en contra de todos los formalizados que deberían ir a juicio oral, donde se deberá determinar el grado de responsabilidad de los imputados.

Sólo el detenido, Gustavo Fuentes Aliaga, admitió su participación en la seguidilla de atentados. Los exámenes de ADN practicados a los detenidos han sido negativos para vincularlos con los ilícitos.