LA OPOSICION y Renovación Nacional alcanzaron el miércoles en el Senado un acuerdo para que la próxima semana se vote una reforma constitucional que abrirá la puerta a modificar el sistema electoral. Entre los cambios propuestos figura el aumento en el número de senadores y diputados, incremento que no encuentra justificación política ni práctica y que sólo parece confirmar que los parlamentarios han privilegiado sus propios intereses a la hora de negociar este proyecto.

De aprobarse la reforma, la cantidad de diputados subirá desde los 120 actuales a 134 en los comicios de 2017, mientras que la de senadores hará lo propio desde los 38 que existen hoy a 44 en cuatro años más. Para la Cámara Alta, esto supone la fusión de algunas circunscripciones para que algunas regiones elijan cuatro senadores, el incremento de dos a cuatro parlamentarios por cada una de las circunscripciones de la Región Metropolitana, la creación de una nueva circunscripción en Arica-Parinacota, que elegirá dos escaños, y la mantención de ese número de senadores en otras regiones. En la Cámara de Diputados también se producirá una redistribución de distritos, con algunos que elegirán seis, cuatro o dos representantes. Por último, el acuerdo alcanzado permite que cada lista lleve hasta dos candidatos más que el número de curules a elegir por cada distrito o circunscripción.

No existe garantía alguna de que un mayor número de parlamentarios asegure una mejor representatividad de la ciudadanía ni que conduzca a una superior calidad del trabajo del Congreso o entregue más estabilidad al sistema político en su conjunto. Los legisladores no han sido capaces de demostrar ninguno de estos puntos, pese a que los han utilizado como argumentos a favor de este aspecto de la reforma. Han recurrido, asimismo, a una justificación histórica, señalando que hasta 1973 existían 150 diputados y 50 senadores, pero lo cierto es que esa cantidad sí parece excesiva. Resulta imposible afirmar con seriedad que el aumento en seis senadores y 14 diputados vaya a significar una alteración significativa de la labor del Congreso. Sí es posible sostener que los grandes beneficiados, si se concreta esta propuesta, serán los partidos políticos, los cuales tendrán más espacio para designar candidatos y ejercer influencia. La historia nacional demuestra que el crecimiento del poder de los partidos políticos se registra a costa de la autoridad presidencial, y que la constante fricción entre ambos ha dado pie para conflictos políticos severos.

El sistema electoral binominal ha permitido la formación de grandes coaliciones y entregado estabilidad política. Su reemplazo por una forma híbrida como la que se está proponiendo, que combina la mantención de algunos aspectos del binominalismo y la introducción de criterios de proporcionalidad, arriesga con crear confusión y generar dificultades a la hora de llegar a acuerdos que den gobernabilidad práctica. La introducción de una reforma tan trascendente como la que se está discutiendo requiere que el interés general sea promovido por todos quienes participan en negociaciones cuyos efectos determinarán en buena medida el marco en el que se dará la discusión política del país en el futuro. Por lo mismo, resulta decepcionante que, utilizando el discurso del cambio y el aumento de la representatividad, una de las prioridades evidentes de los partidos sea asegurarse la presencia propia a través del aumento en la cifra de cupos parlamentarios.