Alrededor de cinco personas de etnias originarias, todos funcionarios de gobierno, había ayer en La Moneda durante la ceremonia en la que la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas.

La iniciativa, que tendrá suma urgencia, es el cuarto ministerio que ha propuesto crear la Mandataria en su mandato, tras las carteras de Medioambiente, Deportes y Juventud y Energía. A eso se suman los proyectos de las subsecretarías de Seguridad Pública (que originalmente fue propuesta como ministerio), la de Comercio Exterior, la de Turismo (que le da rango de subsecretario al director de Sernatur) y la reforma orgánica al Ministerio de Defensa (que elimina sus subsecretarías y reorganiza toda la secretaría de Estado).

Todas estas iniciativas conforman una de las transformaciones más ambiciosas del aparato gubernamental desde 1990. Algunos de estos proyectos han tenido una difícil tramitación en el Congreso, como la cartera de Deportes y Juventud, otros una discusión relativamente consensuada, como el de Energía. Sin embargo, hasta el momento ninguna nueva repartición ha sido aprobada.

Frente a este nuevo proyecto, la apuesta del Ejecutivo es al menos dejar "avanzada" la nueva institucionalidad de pueblos originarios antes que termine este mandato

Ex subsecretaría

Aunque inicialmente el diseño de La Moneda apuntaba a crear una subsecretaría indígena, que fue enviada el año pasado al Congreso, una revaluación del escenario político obligó a readecuar sus planes.

La primera razón era la exigencia de comunidades indígenas que pedían una institucionalidad con mayor rango político para sus demandas. Esa crítica era compartida por sectores de la Concertación, que proponían que el tema indígena debiese ser dependiente de La Moneda.

"Eso no significa más burocracia, ni mucho menos, porque entre el personal de la subsecretaría o el personal de un ministerio, estamos hablando de poca gente más. Se trata de un ministerio pequeño", dijo el ministro José Antonio Viera-Gallo.

Entre las tareas de la cartera estará la planificación, ejecución y fiscalización de políticas indígenas, además de la relación con las etnias originarias. El principal órgano ejecutor será la Agencia de Desarrollo Indígena, que entre sus funciones administrará los fondos para compras de tierras.

Como contraparte, el Ejecutivo también envió el proyecto que crea el Consejo de los Pueblos Indígenas, un organismo autónomo, que tendrá carácter representativo en una suerte de "parlamento" indígena. Pero el consejo sólo podrá opinar y no necesariamente aprobar la implementación de una política pública. Aunque sí tendrá facultades para decidir otorgarle rango legal a ciertas costumbres ancestrales, que no contravengan la legislación chilena, como por ejemplo regular el trueque o el matrimonio según ritos de cada etnia.