El mayor caso de corrupción en la PDI de los últimos cuatro años (desde que se desbarató la red liderada por la ex actuaria Margarita Cuadros, en 2008) estalló ayer con la detención de 10 detectives en servicio activo.
Este año han sido detectados cuatro casos de corrupción policial. Ayer el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, junto con anunciar una querella contra los policías, aseguró que "el gobierno observa con particular atención la denuncia y la información que se ha hecho pública, porque ella daría cuenta de procedimientos policiales en los que se habría infringido la ley y se habría pasado a llevar garantías individuales, lo que sería bastante grave".
"En la PDI hay más de 11 mil funcionarios que cumplen todas sus actuaciones con mucho rigor y, en consecuencia, justo es señalar, en momentos que se conocen noticias delicadas, que hay funcionarios nobles que actúan siempre con el debido cuidado", agregó el secretario de Estado.
La investigación de siete meses que lideró el fiscal Emiliano Arias -que incluyó interceptaciones telefónicas y seguimientos a 14 sospechosos- concluyó cuando efectivos del OS-9 de Carabineros y funcionarios del Departamento V de la PDI arrestaron a siete policías de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pudahuel y otros tres de la Brigada Móvil Metropolitana.
Sólo 24 horas antes de la diligencia, la policía civil se enteró de que 10 de sus hombres integraban una presunta red de corrupción dedicada a "extorsionar a narcotraficantes, para así obtener dinero ilícito", aseguró una alta fuente de la policía.
En total, tres subcomisarios, tres detectives, dos subinspectores, un inspector y un asistente policial fueron vinculados en el caso. Todos, según la PDI, se encuentran "separados" de sus funciones.
Los policías son indagados por los cargos de faltar maliciosamente a la verdad, detención ilegal, allanamientos ilegales, apremios ilegítimos, tráfico de drogas y omisión de denuncias.
Las pistas
Las sospechas contra los detectives se sembraron el 21 de marzo de 2012. Ese día, efectivos del llamado Equipo Investigativo de Microtráfico ingresaron sin orden judicial a la casa de un narco en Pudahuel. Las contradicciones de los policías para narrar los hechos, así como las denuncias de los detenidos, llevaron a que el fiscal Arias abriera una investigación secreta contra los detectives.
Altas fuentes policiales aseguran que durante la indagatoria los funcionarios habrían realizado detenciones ilegales y cometido torturas a narcotraficantes para obtener "datos de tráfico de drogas".
De esa forma, según las mismas fuentes, los oficiales habrían obtenido sustancias ilícitas que luego habrían revendido.
Los funcionarios detenidos son: los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada; y los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo. Además, están los subinspectores Daniel Urrutia y Raúl Alvarez; el inspector Kurt Borneck, y el asistente policial Sebastián Alvarez.
En uno de estos casos, los detectives habrían incautado drogas e, incluso, más de $ 10 millones en efectivo. Sin embargo, a la fiscalía sólo habrían llegado $ 400 mil.
La fiscal regional Occidente, Solange Huerta, señaló que los antecedentes falsos que entregaban los policías para obtener órdenes de entrada y registro de casas de narcotraficantes "eventualmente podrían afectar algunas investigaciones".
Desde la PDI aseguraron que, tras el estallido de este caso, se revisarán los controles internos. En lo que va del año, 16 funcionarios han sido separados de sus funciones tras estar vinculados a casos de irregularidades. Del mismo modo, aseguraron que se harán "efectivas las responsabilidades del mando", que en este caso recaerían en el jefe de la Bicrim de Pudahuel, Denny Williams.
Ayer, Carabineros allanó las casas y oficinas de los detectives. Además, incautó desde sus unidades policiales siete computadores, 12 celulares e, incluso, 48 envoltorios con droga.
Hoy, los 10 detectives serán formalizados y el fiscal Emiliano Arias solicitaría la prisión preventiva de todos los involucrados.