UN COMITE de expertos convocado por el gobierno ha entregado al Presidente de la República sus propuestas para mejorar el funcionamiento de la Ficha de Protección Social, mecanismo creado durante la administración anterior para recabar información que permita focalizar más eficientemente la ayuda social que entrega el Estado. A partir de esa encuesta se define un puntaje de estratificación que deben alcanzar quienes postulan a subsidios monetarios del Estado y que también es parte de los requisitos mínimos para acceder a distintos programas sociales, entre ellos la Pensión Básica Solidaria, el subsidio a la discapacidad mental, los bonos de protección y egreso Chile Solidario, la subvención pro-retención escolar y los subsidios de viviendas para grupos vulnerables. Los cambios que se propone hacer a la FPS son bienvenidos, pues apuntan a reforzar la focalización en la entrega de esos recursos, esto es, a procurar que lleguen a quienes efectivamente más los necesitan.
La principal debilidad detectada por el panel de especialistas reside en que los datos a partir de los cuales se calcula el puntaje FPS son entregados por los propios beneficiarios mediante un cuestionario que se aplica en sus hogares y que no son verificados posteriormente para comprobar su veracidad. Esto abre espacios a que se manipulen los datos para garantizar que se accederá al beneficio al que se postula, lo cual, según explicó en estas páginas el coordinador del comité para modificar la FPS, ha resultado, entre otras distorsiones, en "una sobredeclaración de casi cuatro veces el nivel de discapacidad de las personas, una subestimación de casi la mitad del tamaño medio de los hogares y una subestimación de los niveles de escolaridad". Esto no solamente es un fraude que afecta al Fisco, sino también una práctica que derrota el propósito primordial de llevar la ayuda a los más necesitados.
La focalización de la ayuda social ha sido una de las virtudes más relevantes del conjunto de políticas públicas implementadas en las últimas décadas. Existe, sin embargo, un amplio margen para perfeccionar esta variable y eso pretenden lograr las modificaciones a la FPS. En esencia, una mejor identificación y selección de los grupos objetivos hará posible caracterizar en forma más precisa y confiable la real condición socioeconómica de cada hogar. Entre otras cosas, se propone un tratamiento más estandarizado del estado ocupacional de los miembros de la familia en edad de trabajar; se elimina la recabación de información innecesaria; se considera el requerimiento de un cálculo diferenciado del puntaje según región o zona. Además, se contempla que en el nuevo Ministerio de Desarrollo Social funcione una unidad dedicada exclusivamente al diseño, implementación y verificación de la ficha. Un punto clave es que se especifica que la información recabada debe ser útil para realizar la estratificación socioeconómica, verificable y comparable.
Junto con sacar a la luz las distintas "trampas" utilizadas para obtener los puntajes mínimos, importa minimizar la porción de fondos públicos que se desvían de su principal objetivo, cual es ayudar a quienes de otro modo carecerían de apoyo. Es importante, con todo, como lo ha señalado el comité, incluir elementos de gradualidad en el eventual retiro de beneficios, pues la abrupta y total cancelación de los mismos puede terminar incentivando el falseamiento de los datos.