En un mensaje inflexible, que habría agradado al ala más derechista de su partido, el primer ministro británico David Cameron, instó ayer a la ciudadanía a reportar a los inmigrantes ilegales y se comprometió a cambiar el examen de ciudadanía para que incluya preguntas sobre la historia británica, todo ello dentro de un duro plan que busca endurecer las leyes sobre inmigración.

Así quiere recortar el número de personas que el país absorbe cada año, que quienes lleguen a Reino Unido tengan suficiente dinero para evitar depender del sistema de salud británico, y que los empleos creados en el país reduzcan la cesantía, en vez de ser destinados a los extranjeros.

"Quiero que todo el país ayude a denunciar a los presuntos inmigrantes ilegales. (...) Juntos, vamos a recuperar nuestras fronteras y enviar a casa a los inmigrantes ilegales", afirmó el jefe de gobierno.

En un discurso dirigido a los líderes empresariales en el Instituto de Gobierno de Londres, el primer ministro aclaró, eso sí, que quiere "atraer a los más brillantes y a los mejores a Reino Unido", pero condenó los abusos del sistema como los matrimonios por conveniencia y las visas otorgadas para cupos en falsos colegios.

El partido de Cameron, el Conservador, quiere reducir la inmigración neta de más de 200.000 personas por año a unas pocas decenas de miles, una cifra que sería -sostienen- manejable.

Cameron dejó claro que Downing Street respalda el deseo de la secretaria del Interior, Teresa May, de reescribir las normas de inmigración para que las interpretaciones del derecho a la vida familiar no impidan las deportaciones de inmigrantes ilegales.

Sin embargo, su propuesta de exigir el pago de una "fianza" de miles de libras a las familias que quieran patrocinar a sus parientes para establecerse en Reino Unido ya ha provocado un fuerte recelo en la Cámara de los Comunes.

Keith Vaz, parlamentario laborista y presidente del comité de Asuntos del Interior en la Cámara de los Comunes advirtió que esta medida puede "enfrentar a las comunidades establecidas en el país y enfurecer a aliados estratégicos como India".

También se incluye en la propuesta que el matrimonio forzado se convierta en un delito. Eso sí se limitará inicialmente a la introducción de una sanción penal para aquellas personas que incumplan una orden preventiva que está en vigencia desde noviembre de 2008.

Reducir la inmigración es considerada como una manera de aliviar la presión sobre los fondos públicos, en momentos en que el gobierno británico está haciendo profundos recortes en el gasto público.