Particularmente afectado lucía ayer en la mañana el ministro del Interior, Jorge Burgos. En su entorno afirman que lo sucedido el domingo en Valparaíso lo tenía encolerizado. Pasadas las 9.30, el jefe de gabinete se reunió de urgencia con el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz; el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey; José Roa, jefe del Plan Estadio Seguro; el director nacional de Orden y Seguridad Carabineros, general Víctor Herrera, y el general de la V Zona de Carabineros, Jaime Barría.
En el encuentro, Burgos manifestó su inquietud por las deficiencias en el procedimiento adoptado por las autoridades, sobre todo en la coordinación de las acciones en momentos de crisis. Por ello se les encargó un acabado informe a los distintos actores, con el fin de determinar las responsabilidades operativas.
Luego de más de una hora de reunión, Roa, Frey y Herrera tomaron la vocería, donde anunciaban una noticia que definitivamente retuerce el argumento de Estadio Seguro, que buscaba combatir a los delincuentes solamente con guardias de seguridad, los que ni siquiera pueden portar armas.
Así, el subsecretario de Prevención del Delito expresó que "el ministro del Interior solicitó, en los partidos de complejidad A [entre equipos con historial de conflictos entre las hinchadas] y B [entre equipos grandes], realizar con Carabineros de Chile una intervención preventiva en el perímetro del estadio para poder tener la presencia de los mismos con ese carácter preventivo disuasivo", lo que en la práctica significa el regreso de la fuerza pública al interior del estadio, mientras se busca una solución definitiva.
En ese contexto, Frey argumentó que "dónde, cómo y cuándo se hacen los partidos será en función de la propuesta de la ANFP con criterio de seguridad de las autoridades", para luego adelantar que "sólo podrán entrar quienes estén debidamente registrados en el Registro Nacional de Hinchas".
Una explicación muy distinta a la que esta misma autoridad planteó la noche del domingo, donde aventuró la opción de que los duelos de alta convocatoria se jugaran a puertas cerradas, lo que hubiera generado una contradicción directa con la Ley de Derechos y Deberes.
Luego fue el turno del jefe de Estadio Seguro, José Roa, quien tomó la palabra y de inmediato descartó una renuncia. "Sería una medida facilista y para la galería", se defendió. Y apuntó: "el ministro del Interior me ha encargado una tarea, y yo voy a cumplir con esa tarea".
En la misma línea emplazó a los clubes a tomar responsabilidades y puso como ejemplo a Colo Colo, club cuyos hinchas ingresaron elementos prohibidos en los últimos cinco partidos, pero que no ha recibido mayores sanciones de la ANFP.
En tanto, el general Herrera defendió el procedimiento policial y justificó la cantidad de contingente en el Puerto. "Esto no pasa por el número de oficiales, 250 efectivos eran suficientes", indicó. Asimismo, adelantó que de todos modos se hará una investigación. "Estamos evaluando. Queremos saber si esos 12 ó 20 minutos fue un tiempo prudente o fue demasiado. Pero no hubo inacción", sostuvo el oficial.
Por otra parte, en el marco de su presentación ante la Presidenta Bachelet, el nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a lo acontecido y no descartó una eventual investigación a las autoridades por no anticiparse a los incidentes, pese a contar con información al respecto.
"Cualquier hecho que eventualmente pueda ser constitutivo de delito, el Ministerio Público tendrá que investigarlo en su mérito. Habrá que ver la circunstancia en particular, pero en su minuto, quién está a cargo de la investigación, a quién le corresponde -que es el fiscal regional de Valparaíso- tendrá que ver si abre otras investigaciones respecto de estos mismos hechos", planteó.