Por tercer año consecutivo la futura Ley de Bancos formó parte de los anuncios del Chile Day. Sin embargo, la recepción por parte de la industria no fue de las mejores.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, detalló que el superintendente de Bancos será nombrado por el Presidente mediante el sistema de Alta Dirección Pública, por un período fijo y para su remoción se establecerán causales en la ley.
El personal de la superintendencia del ramo de primer y segundo nivel jerárquico estará sujeto a las restricciones de post-empleo establecidas en la Ley de Probidad en la Función Pública (Ley N° 20.880), como por ejemplo, que en los primeros seis meses, una vez cesado en su cargo no podrán trabajar en ninguna de las instituciones fiscalizadas por la SBIF ni sus empresas relacionadas.
Además, se fortalecen los contrapesos del Banco Central en materias de Basilea III y resolución bancaria; se fortalece la rendición de cuentas y transparencia de la SBIF obligándola a efectuar la consulta pública de las normas, y estudio de impacto regulatorio de las nuevas normas, entre otras.
Pero fue el primer punto el que generó escozor.
La críticas de los bancos
"Lo que es realmente preocupante, y que es una mala noticia para la banca, es que se haya optado por una autoridad unipersonal", dijo el presidente de la Abif, Segismundo Schulin-Zeuthen. A su juicio, "es difícil de entender la posición del ministro", considerando que la comisión asesora que el mismo nombró, "en forma unánime recomendó que fuera un cuerpo colegiado; no lo entendemos", disparó.
El timonel de la banca apuntó a la Ocde. "Prácticamente todos, salvo cuatro, tienen cuerpos colegiados ya sea comisión de banca o al interior del Banco Central, aquí optamos una vez más por ir contra lo que en el mundo está sucediendo. Dados todos los aspectos que hay que normar y regular, creo que el no tener un cuerpo colegiado realmente nos complica", agregó.
Valdés no tardó en responder. "Si dejáramos todo el poder radicado dentro de la SBIF para resolución, para pedir capital, tendría toda la razón el presidente de la Abif, sería demasiado poder para una sola persona, pero si los cinco consejeros del Banco Central van a tener que opinar, incluso dar la aprobación a cosas que hace la SBIF, tenemos un buen equilibrio", afirmó.
Para el superintendente de Bancos, Eric Parrado, "no hay una mejor práctica internacional. Si uno revisa, hay consejos que funcionan relativamente bien y están dentro de los bancos centrales, que también tienen potestades regulatorias, pero también hay muy buenas instituciones unipersonales, como en Canadá, que casi siempre sale en el primer lugar de solidez bancaria".
A Salvador Said, director del banco BBVA Chile, le preocupaba el tema de la arbitrariedad, respecto de que una sola persona tome una decisión, porque podría generar muchos problemas al sistema. No obstante, señaló que en encuentro privado con el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, éste les explicó que no sería así. "Dijo que esto era algo que iba a ser convenido y conversado con el consejo del Banco Central antes de tomar una decisión en cuanto a ponderaciones de activos o a requerimientos de capital o determinación de bancos que pudieran ser considerados con riesgo sistémico".
El ex superintendente de Bancos, Raphael Bergoeing, recordó que él estaba de acuerdo con formar una SBIF con un gobierno colegiado, pero tras el anuncio del ministro se da garantías de un funcionamiento autónomo y técnico.
Entidad con problemas
Valdés también destacó que con el proyecto se mejora el procedimiento de resolución de bancos que tengan problemas financieros.
Así, se introduce una etapa de regularización temprana cuyo objetivo es permitir a un banco que solucione sus problemas y vuelva la normalidad.
En segundo lugar, se introduce una herramienta intermedia entre la regularización temprana y la liquidación, que se denomina resolución bancaria y que consistirá en la separación del banco con problemas en un "banco bueno", el cual se transfiere a otro banco, y en un "banco malo", el cual va a liquidación.
Las preferencias de los actuales acreedores se mantendrán inalteradas.
Se introduce algún grado de "bail-in"; se mantiene la garantía del BCCh a las cuentas corrientes y vistas y se aumenta la garantía estatal de los depósitos.