Señor director:

La sociedad chilena debería recibir con alegría las diversas compensaciones materiales (trabajo, subsidio habitacional y apoyo institucional del Sernam) que ha recibido Gabriela Blas, la mujer aimara que fue condenada en 2007 por abandono de su hijo con resultado de muerte, y que fue indultada hace un mes.

Dichas compensaciones no son más que un pálido gesto de restitución por el daño que nuestra misma sociedad causó a una persona doblemente discriminada por su condición de mujer e indígena. En este caso, es el Estado como representante de los ciudadanos el que debe reparar el perjuicio que sufrió Gabriela cuando fue maltratada y encarcelada por haber vivido, en palabras del jesuita Juan Diego Galaz, “todos los comportamientos que prescribe su cultura” frente a la pérdida de su hijo. De acuerdo con esta justicia restitutiva, Gabriela tiene el derecho de recibir e incluso decidir cómo quisiera ser reparada por las consecuencias que dejaron en su vida las acciones de quienes se involucraron en el proceso.

Pero es la sociedad la que debe comprometerse con su desagravio, pues somos todos portadores de los valores culturales que la despojaron de sus derechos elementales.

Maricela González
Dir. Escuela Trabajo Social
U. Santo Tomás Santiago