Caballos fina sangre, propiedades en Bolivia, cuentas en el extranjero, automóviles y galerías comerciales son algunos de los bienes que el fallecido narcotraficante Mario Silva Leiva, conocido como el “Cabro Carrera”, obtuvo gracias al tráfico de cocaína y que, desde ayer, pasaron a ser definitivamente del Fisco.

Tras 15 años de proceso, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó condenas en contra de 17 personas que integraban la asociación ilícita liderada por Silva Leiva y que fue desbaratada en abril de 1997, a petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en la operación policial “Ana Frank”.

Según estableció la investigación judicial, Silva Leiva formó una red de colaboradores que le permitió sacar droga vía aérea desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hasta las cercanías de Sao Paulo, en Brasil. Luego, la cocaína era embarcada hacia puertos europeos.

Para justificar sus ingresos en Chile, el “Cabro Carrera” compró locales comerciales y otras propiedades. Además, mantuvo cuentas en bancos suizos para ocultar sus ganancias a los organismos fiscalizadores. Incluso, su hijo Mario Mateo Silva Soto tenía en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra un condominio y dos establecimientos comerciales.

Silva Leiva murió de un infarto en la cárcel, el 21 de julio de 1999, y el médico de Gendarmería que debía tratarlo fue condenado por la tardía atención que le brindó. Tras el fallecimiento, su viuda, hijos y nietos prefirieron no hacer la posesión efectiva de los bienes, debido a la millonaria deuda tributaria con el Servicio de Impuestos Internos.

El fallo de la Corte Suprema mantuvo el embargo de la fortuna, así como las condenas por asociación ilícita. Sin embargo, descartó el delito de lavado de dinero contra el hijo del “Cabro Carrera”, quien recibió una pena de siete años de cárcel. En su caso, se considerarán los tres años que cumplió en prisión al inicio de la investigación. La viuda de Silva Leiva, Nieves Ortiz, fue absuelta al establecerse que no tenía participación en la red de narcotráfico.

El vocero de l máximo tribunal, Hugo Dolmestch, manifestó que “es un caso emblemático. Aun cuando algunos fueran absueltos, la ley permite declarar el embargo de las especies, por haber sido obtenidas producto de los delitos”. Ayer no fue posible obtener una versión de la familia de Silva Leiva sobre el fallo.