Los ciudadanos ya no podrán comprar armas en Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez puso en vigencia ayer una ley que prohíbe a los particulares adquirir pistolas o munición. Sólo el Ejército, la policía y las empresas de seguridad estarán autorizados para obtener las armas de la compañía nacional que fabrica e importa armamento. La medida trata de frenar la violencia que desangra las calles del país, donde cada dos horas se comete un homicidio.

Las armerías del país tenían hasta ayer para entregar las armas y municiones que comercializaban, y de ahora en adelante pasarán a la supervisión y control de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares C.A. (Cavim), según explicó el secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Desarme, Pablo Fernández.

El ministro del Interior, Tareck el Aissami, recordó la semana pasada que con la veda en la comercialización de armas nuevas también se prohíbe la emisión de nuevos permisos de porte. "Ya nadie va a poder tener armas nuevas ni tener portes nuevos. La venta de armas sólo se hará a los cuerpos de policía y a nuestras FF.AA. La tendencia es hacia desarmar a la población civil", dijo. También ayer concluyó el proceso de registro de armas de fuego que comenzó el gobierno a finales de febrero, para tratar de poner orden en el parque de armas del país.

Para el criminólogo Fermín Mármol, estas medidas "van a impactar muy poco en la reducción de la delincuencia, porque no están orientadas al epicentro del problema, que es impedir las armas ilegales en las calles". "El control de las armas y municiones parece ir dirigido sólo a las personas que están lícitamente armadas", señaló.

Venezuela tiene uno de los índices de asesinatos más altos de la región, con 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según cifras de parlamentarios, en el 98% de los homicidios que se registran en el país sudamericano está involucrada un arma de fuego y el 63 % de los muertos recibió más de cinco balazos.

El Observatorio Venezolano de la Violencia ha contabilizado un total de 136.000 personas asesinadas por la delincuencia desde 1999. La impunidad, además, agrava el problema, ya que 90% de los casos no llega a juicio. Sólo en 2011, según el organismo, hubo 17.336 homicidios.

En septiembre de 2011, varias encuestas reflejaban que el 80% de los venezolanos considera la inseguridad ciudadana como el problema más grave del país. Ahora, con la vista puesta en las elecciones de octubre, el gobierno busca un último recurso para atajar la situación, después de que hayan fracasado hasta 11 planes que tenían idéntico objetivo. La oposición ha empezado a hacer de la inseguridad un caballo de batalla. Ya el año pasado siete gobernadores y el alcalde de Caracas firmaron el Manifiesto de Petare para exigir soluciones.