El Tribunal Supremo de China, el país que más condenas de muerte dicta en el mundo, pidió a los jueces del país que apliquen "suspensiones por dos años" en los casos de sentencias a muerte que no necesiten "ejecución inmediata". Así se establece en un informe anual sobre la labor de los juzgados en el país, el máximo órgano judicial chino, en el que se pidió, además, a los magistrados que apliquen la pena capital "sólo a un pequeño número de criminales que hayan cometido delitos extremadamente serios" y que aumenten las condenas a cadena perpetua.

La figura legal de suspensión, utilizada con frecuencia en delitos que no son de sangre, supone que la ejecución no sea aplicada inmediatamente, sino que aplazada por dicho período, tiempo en el cual suele conmutarse por cadena perpetua si es que el reo ha mostrado buena conducta y arrepentimiento.

El Supremo señaló en su informe que la medida tiene como objetivo "controlar estrictamente y unificar los estándares sobre la pena de muerte" y recordó que el derecho a la vida es "uno de los más básicos derechos humanos". Por esta razón, apeló a la "justicia atenuada con la piedad" a la hora de dictar sentencias.

El informe también prometió una adopción prudente de la pena de muerte en los casos de violencia seria gatillada por disputas civiles, especialmente cuando los acusados hayan sido perdonados por las víctimas.

Esta medida se suma a otras que ha tomado en los últimos años el país, con el objetivo de reducir el número de ejecuciones. En febrero pasado, el gobierno redujo de 68 a 55 los delitos punibles con pena capital. Así, excluyó los de índole económica, además del contrabando y los robos de reliquias culturales, metales preciosos y fósiles.

En 2007 se realizó una enmienda a la ley de procedimiento penal, en la que el Supremo chino recuperó el poder de ratificar las condenas de muerte en tribunales locales y regionales, algo que, según los jueces del país, ha reducido en un 10% el número de estas sentencias.

Aunque China no publica la cifra de sus ejecuciones -la mayoría de ellas llevadas a cabo por delitos como el asesinato o el tráfico de drogas-, organizaciones de derechos humanos en todo el mundo aseguran que esta práctica se aplica, por lejos, más en este país que en cualquier otro lugar del mundo. Según estimaciones realizadas por varias ONG, el año pasado fueron ejecutados al menos 3.000 convictos en China, por una amplia variedad de crímenes y tras procedimientos que no cumplían las normas internacionales para un juicio con las debidas garantías.

La revisión de la ley también prohibió el uso de la pena capital para personas sobre los 75 años de edad.