"Cesar de inmediato el uso de la violencia armada en acciones estatales, administrativas o judiciales, incluyendo desalojos de espacios fiscales o privados, sobre el pueblo Rapa Nui; y garantizar que las acciones de agentes del Estado no pongan en riesgo la vida o integridad de los miembros del pueblo Rapanui". Así de claras son las dos medidas cautelares que dispuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de los 29 clanes de la Isla de Pascua.

La medida responde a la solicitud que el 9 de septiembre presentaron los abogados de la institución Indian Law, en representación de los clanes rapanui tras el primero de los desalojos que afectó al clan Hito. La causa fue complementada con los desalojos sucedidos en el mes de diciembre.

Además, la CIDH solicita al gobierno chileno "la presentación de información sobre el cumplimiento con las medidas cautelares adoptadas, dentro del plazo de 10 días y actualizar dicha información en forma periódica. Oídas las observaciones de las partes, la CIDH decidirá si resulta procedente prolongarlas o levantarlas", señala el informe notificado la tarde de ayer al Ministerio del Interior.

"Es un gran triunfo para el pueblo Rapanui, la medida más importante porque le pide al gobierno, en una medida urgente, que el Estado de Chile acabe con la violencia sobre el pueblo rapanui", señaló el sociólogo Francisco Marín, representante del clan Hito en el continente.

Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, precisó que es "excepcional que la comisión otorgue (medidas) cautelares". Además, señaló que es segunda vez que se decreta para Chile -antes fue en el caso de las represas en el Alto Biobío y las comunidades mapuches en Ralco- y que con esto se "reconoce que ha habido abuso policial en todos los desalojos".

En tanto, más de 30 funcionarios de Fuerzas Especiales resguardan el hotel Hanga Roa a petición del fiscal Samuel Núñez, que el domingo ordenó el retiro de los cinco ocupantes del lugar, miembros del clan Hito.

La desocupación se produjo a sólo dos días de que el Ministerio Público formalice -en una audiencia fijada para hoy- a 17 miembros de dicha familia por usurpación de propiedad, violación de morada y a uno de ellos le imputará, además, cargos por amenaza contra un empleado del hotel.

La vocera del clan, Marisol Hito, acusó a la familia Schiess -propietaria del recinto- de usar vínculos de amistad con las autoridades de gobierno y anunció que recurrirán ante la Corte Interamericana de DDHH.

En este sentido, el intendente de la V Región, Raúl Celis, respondió que "malamente el gobierno puede tener intereses creados en un hotel que está inscrito a nombre de un particular hace más de 30 años" y que "el gobierno no ha tenido ninguna participación en la desocupación del hotel", comentó.

Asimismo, desestimó que se utilizara la violencia durante el desalojo.

Familiares de la propietaria del hotel Jeannette Schiess dijeron que mantendrán las acciones judiciales contra el clan.

La ocupación comenzó en julio en terrenos que, según su juicio, le pertenecen ancestralmente y fueron cedidos al gobierno. El hotel es la única propiedad privada reclamada por isleños.