Reforzar la fiscalización y la seguridad de quienes entran a la mina a extraer el recursos fueron las banderas que se enarbolaron, tras el rescate de los 33 trabajadores que quedaron atrapados por un derrumbe en la mina San José, en Copiapó.

Desde el rescate, han pasado 10 meses y la suma de decesos en el sector es de 27 mineros a nivel nacional. Cinco de ellos perdieron la vida en octubre, el mismo mes en que los "33" dejaron para siempre el fondo de la tierra.

Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) explican que, a un año del accidente, "no solamente estamos fiscalizando más, sino mejor".

Para ello, afirman, han contratado a personal con experiencia en capacitar a quienes se inician en esta labor. De esta manera, han aumentado de 18 a 45 los fiscalizadores en terreno.

Pese a las mejoras en materia de supervisión, suman 14 decesos en lo que va del año, en igual número de accidentes. Dicha cifra, sin embargo, es menor si se compara con igual período del año pasado (enero-julio), destacan.

"Hoy, lamentablemente, ha habido 14 accidentes graves con consecuencias fatales. La buena noticia es que es menos de la mitad de lo que registrábamos en la misma fecha del año pasado, cuando sumábamos 31", afirma el director del organismo, Enrique Valdivieso, quien ayer participó en el acto ecuménico que conmemoró un año del recordado accidente.

Los dos últimos casos ocurrieron el mes pasado. Uno fue el lunes 25, cuando material que estaba suelto en el piso se deslizó, arrastró y golpeó a un trabajador, provocándole lesiones que le causaron la muerte. Fue en la mina Mostazal (III Región), un yacimiento de cobre que no tenía resolución aprobatoria de proyecto ni inicio de actividades.

En Sernageomin cifran en "algo menos de tres mil" las faenas regularizadas y controladas, de las 7.500 u 8.000 que existen en el territorio. Es decir, "aproximadamente, entre un 40% y 45%" operan bajo la lupa del organismo. "Con una faena regularizada, sabiendo donde está, podremos fiscalizar y ayudar al pequeño minero para que haga su trabajo en forma segura", afirma Valdivieso, quien agrega: "La idea es que no sólo exista mano dura, la de cumplir la ley y de fiscalizar; sino, también, la mano blanda, que permita capacitar y decirle a la gente cómo puede mejorar sus métodos".

"No son cifras sinceras"

En la Confederación Minera realizan un diagnóstico que dista del optimismo planteado por el director de Sernageomin.

"A un año de la tragedia y con las estadísticas que se dan, nosotros decimos que aquí hay un fracaso total en lo que es la seguridad minera en Chile", manifestó su presidente Néstor Jorquera.

Más aún, el dirigente afirma que los trataron de "faltos de respeto" cuando acusaron al gobierno de "querer tapar el sol con un dedo" en materia de seguridad. Esto, cuando se anunció el reforzamiento de la fiscalización y un aumento de los recursos para velar por los trabajadores de las minas, que hoy proliferan debido al alto precio del cobre.

La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, también se suma a las críticas. Asegura que el organismo contabiliza los accidentes fatales que ocurren en las faenas. "Nosotros pensamos que no son cifras sinceras. Lo que hay que hacer es preguntar en cada región las cifras que tienen, no solamente de muertes de mineros en las faenas mismas, sino también en los trayectos", expresó la jefa comunal, que ayer no participó en la acción de gracias por el rescate de los "33 de Atacama".

El último accidente ocurrido este año se produjo el 29 de julio y se registró en la mina Carmen (V Región). La mina tenía resolución aprobatoria de proyecto.