LAS REDES sociales estallaron en repudio a las medidas tomadas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en el recordado caso de colusión de las farmacias. No es para menos. Entre otras acciones, ordenó a los imputados asistir a un curso de ética empresarial. Esto que parece una burla considerando los daños causados a los chilenos por la colusión, es reflejo de un problema de fondo: un vacío institucional para enfrentar verdaderamente este problema que daña a los consumidores y desprestigia el sistema.

Las reglas del juego y los incentivos son fundamentales para la protección de la libre competencia. Quien crea que la mera ética basta, se equivoca. No hay curso de ética, ni siquiera impartido por Aristóteles o Kant, que pueda suplir el vacío que sí pueden llenar la institucionalidad y la generación de incentivos adecuados y disuasivos.

Resulta imperioso mejorar la institucionalidad de libre competencia. Es necesario introducir modificaciones que permitan prevenir nuevos casos que atenten contra ésta, especialmente la colusión, uno de los peores delitos de este tipo. A partir del análisis de los incentivos que enfrentan las empresas y las reglas del juego existentes, proponemos algunas modificaciones a la institucionalidad actual.

Primero, Salcobrand, Cruz Verde y Fasa fueron condenadas a pagar cerca de US$ 40 millones en conjunto. Respecto de los beneficios, estimaciones señalan que la colusión generó a las cadenas de farmacias ganancias cercanas a los US$ 40 millones. Si consideramos que la probabilidad de coludirse, ser sorprendido, acusado, declarado culpable y que se aplique la multa máxima es relativamente baja, resulta que la decisión de coludirse parece ser un buen negocio. El corolario es obvio: es necesario incrementar las multas a quienes atenten contra la competencia. Si el caso farmacias hubiese ocurrido en la Unión Europea, las tres cadenas habrían pagado, en conjunto, aproximadamente US$ 130 millones.

Segundo, a comienzos de año, el Sernac interpuso una demanda colectiva contra las farmacias, que fue rechazada por falta de claridad y de una institucionalidad al respecto. Urge modificar la normativa de demandas colectivas y entregar mayor autonomía, autoridad y recursos a este organismo, permitiéndole no sólo supervisar, sino también multar en un monto mayor al perjuicio a los consumidores. Así, se incentiva a los consumidores a participar en estas instancias.

Tercero, muchas veces las sanciones no pecuniarias son un elemento tanto o más importante que el pago de multas. A la luz del fallo en el caso farmacias, debemos evaluar la necesidad de instaurar penas de cárcel efectiva para ciertos delitos graves contra la competencia, como la colusión, tal como sucede, por ejemplo, en EE.UU. y el Reino Unido.

Una cosa es clara: mientras no se incremente significativamente el costo de incurrir en graves delitos atentatorios contra la competencia, seguiremos siendo testigos de casos tan bullados como el de las farmacias. Al final del día, el homo economicus -y vaya que los empresarios lo son- responde a incentivos. Las clases de ética reservémolas para quienes de verdad les interesa Aristóteles o Kant.

Fernando Medina
Investigador de Horizontal