En 1994, hace 18 años, comenzaron las primeras diligencias al interior del Hospital Militar, ante las sospechas de que durante la gestión del entonces director del establecimiento médico, el coronel (R) Atiliano Jara Salgado, se había producido un fraude que alcanzaba a US$ 1 millón.

Entonces, el caso quedó radicado en el Segundo Juzgado Militar de Santiago, pero el proceso no tuvo mayores avances, hasta 1998, cuando ex oficiales, empresarios y funcionarios fueron procesados por estafa, cohecho y fraude al Fisco.

Estas irregularidades estaban relacionadas con la compra de insumos médicos y otros elementos para el centro de salud castrense. El 12 de diciembre de 2008, a 10 años del procesamiento, el juez militar, general Guillermo Castro Muñoz, condenó a los inculpados a penas que fluctuaban entre los cinco años y 541 días de cárcel.

Este fallo fue confirmado por la Corte Marcial y los sentenciados recurrieron a la Corte Suprema, la que mantuvo la sentencia y las rebajas de penas en algunos casos. En definitiva, fueron 12 personas que deberán pagar un total cercano a $ 350 millones por el fraude, la estafa y las coimas que fueron detectadas (ver listado).

En el caso de Jara Salgado, el máximo tribunal estimó que deberá cumplir una pena de cinco años de cárcel, más una multa de $ 130 millones, que corresponde al 30% del monto defraudado, junto con otra multa de $ 33 millones, que es el 50% de una de las "dádivas" que recibió por parte de empresarios para adjudicar la compra de los productos. En algunos casos ocurrió que se adquirieron insumos por un sobreprecio cercano al 178%.

Incluso, la Fiscalía Militar detectó a lo largo de la indagatoria que se instalaron 115 cajas de fondo en las habitaciones del pensionado del hospital por $ 10 millones, lo que significaba que se pagó casi el doble.

Además del ex oficial, fueron condenados por el fraude el mayor (R) Patricio Videla Cárdenas, el mayor (R) Bernardo Salazar Quiroga, el capitán (R) Héctor Arroyo Chaparro y general (R) Ramsés Alvarez Sgolia, quien está condenado por el crimen de Tucapel Jiménez.

En tanto, los jueces absolvieron al mayor (R) Juan Carlos Reyes Cancino del delito de cohecho.

Otro de los condenados por la Corte Suprema fue el empresario Raúl López Utrera, quien declaró que de no haber pagado unas sumas cercanas a $ 3 millones, le significaría quedar fuera de los negocios con el Hospital Militar, ya que le proveía de insumos médicos. Según el fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema, "se exigió a los proveedores como él (López) entregar un porcentaje o comisión correspondiente al 10% del valor total de las facturas, enterando una suerte de cuota inicial para empezar a participar en las licitaciones, sin recordar si el dinero lo entregaba en efectivo o en documentos, lo que fue comentado entre los diferentes empresarios que vendían productos".

El presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, manifestó que aunque hayan pasado varios años, se logró dictar una sentencia definitiva. "La idea es que ninguna situación, aunque sea muy antigua, quede sin sentencia definitiva absolutoria o condenatoria", señaló.

La Tercera intentó comunicarse con Atiliano Jara y Raúl López, pero no fue posible contactarlos en sus teléfonos.