En una audiencia que se realizó a puertas cerradas, a petición de la Fiscalía Sur, el caricaturista Guido Vallejos Pacheco (83) -creador de la revista Barrabases- fue condenado ayer a cuatro años de cárcel, como autor del delito reiterado de obtención de servicios sexuales de menores.

Para que se dictara esta condena, el imputado debió reconocer su participación en los hechos, sellando de esta forma un juicio abreviado que fue pactado por su abogado, José Antonio Macías, y los investigadores.

Vallejos fue formalizado el 19 de noviembre pasado como uno de los clientes que visitaban un prostíbulo ubicado en calle Lira 910, y en el cual, según el Ministerio Público, trabajaban menores de edad, que eran requeridas por los imputados de esta causa. Esta es la primera sentencia en el caso, que fue catalogado por la fiscalía como una red de explotación sexual infantil.

La jueza Alejandra Apablaza, junto con condenar al caricaturista a cuatro años de cárcel y concederle el beneficio de libertad vigilada, también dictaminó que durante el plazo de 10 años esté sujeto a vigilancia de Gendarmería, además de prohibirle ejercer trabajos que involucren a menores de edad.

Antes de su juicio abreviado, Vallejos debió escuchar otras resoluciones de la causa, como una revisión de prisión preventiva y la contienda de competencia que se generó en el 11º Juzgado de Garantía (ver recuadro).

Durante la audiencia, su avanzada edad lo hizo ver cansado. Su abogado dijo que padece una serie de enfermedades. De hecho, Macías indicó que, tras salir de la cárcel, sería internado por su familia, para realizarle un chequeo médico.

El fiscal jefe de delitos violentos, Marcelo Apablaza, explicó que "él aceptó los hechos que la fiscalía le imputó (...). La posibilidad de acceder a otros juicios abreviados depende de los hechos que se imputan. En este caso, se le imputó al señor Vallejos tocaciones, situación distinta a otros formalizados en esta causa".

Por su parte, el abogado Macías explicó que este juicio abreviado le permite a Vallejos "cumplir la condena desde su casa, en un lugar donde pueda garantizarse su salud. Tiene prohibición de trabajar con menores a perpetuidad".

Revocan prisión

Además, el 11º Juzgado de Garantía revisó ayer la prisión preventiva del ingeniero Pablo Soto Landa (60) y en contra de Sonnia Vásquez Luci (42), quien fue formalizada por ser una de las secretarias que atendían uno de los locales en que trabajaban las menores.

Los fiscales Cristián Suárez y Juan Pavez se opusieron a ambas solicitudes, asegurando que no han cambiado las condiciones en las cuales se dictó la medida cautelar. Pese a esto, la jueza Apablaza señaló que en el caso de Soto, como está formalizado por obtención de servicios sexuales, arriesga una pena que comienza en tres años y un día de cárcel, por lo que, de ser condenado, no iría a la cárcel. Por tales motivos, sustituyó la medida cautelar por la de arresto domiciliario total y firma semanal.

En el caso de Vásquez, la jueza Apablaza negó la revocatoria de la prisión preventiva, señalando que, como es indagada por el presunto delito de promoción de la prostitución, ilícito más gravoso, su libertad sigue siendo un peligro para la seguridad de la sociedad.