Una serie de irregularidades relacionadas con la legalización de poderes para la venta de terrenos forestales, otorgados por personas ya fallecidas que fueron extendidas en la notaría Félix Jara Cadot de Santiago, indaga la Corte de Apelaciones de Santiago a través de una investigación sumaria encargada al ministro Raúl Rocha.

La 41° notaría de Santiago -frecuentemente utilizada por los ministerios del Interior, Obras Públicas y Vivienda, además de diversos servicios públicos- fue denunciada en el marco de varios procesos judiciales por falsificación de instrumento público y usurpación de identidad que se tramitan en el antiguo sistema de justicia.

Según estas denuncias, conocidas a principios de enero pasado por el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y despachadas de inmediato a las cortes de apelaciones de Santiago y Chillán, en la notaría Félix Jara Cadot se habrían formalizado y legalizado más de una decena de poderes especiales (en que un propietario traspasa a un tercero los derechos para vender una propiedad) otorgados al corredor de propiedades de Los Angeles, José Barra Azócar.

El punto de partida para la indagación judicial administrativa radica en que la mayoría de esos poderes especiales fueron otorgados por personas ya fallecidas en la fecha en que aparecen cediendo los derechos.

Un dato no menor radica en que la mayoría de los terrenos, cuyos derechos de enajenación fueron cedidos a Barra Azócar, contaban con certificación para explotar madera nativa. A la fecha, todos los sitios y sus bosques están en manos de firmas forestales de la Octava y Séptima Región, que los adquirieron al mencionado corredor de propiedades.

Intervención

El caso llegó a manos del ministro Rocha luego de que -a pedido de Juica- las cortes de Santiago y Chillán realizaran indagaciones sobre diversas denuncias por los delitos de usurpación de identidad y falsificación de instrumento público.

Consultado al respecto, el magistrado Rocha dijo a La Tercera que "tratándose de antecedentes tan delicados no resulta conveniente emitir opiniones por ahora". Sin embargo, el pasado lunes 26 de abril el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que "atendida la gravedad de los hechos denunciados, devuélvase los antecedentes al ministro visitador a fin de que inicie la respectiva investigación sumaria administrativa".

Los antecedentes que se indagan están contenidos en al menos cuatro querellas: la primera de ellas se ventila en el 4° Juzgado del Crimen de Santiago. Fue presentada por los familiares de Pedro Doyharcabal Westermeyer, quien el 21 de octubre de 1999 aparece cediendo a Barra Azócar tres parcelas de bosques ubicadas en Cabrero, región del Biobío. Sin embargo, según su certificado de defunción, Doyharcabal falleció por inmersión el 1 de mayo de 1973 en un accidente en el lago Vichuquén.

También está el caso de la ciudadana francesa Margot Cheyre Toutín, quien suscribió el 11 de octubre de 1999 un poder para la venta de bosques en el fundo Charrúa de Cabrero. Según el certificado de defunción, la ciudadana francesa falleció en 1979.

El notario Félix Jara Cadot prefirió no referirse al tema, indicando que "no recibo prensa", mientras que el corredor Barra Azócar se limitó a asegurar que "los antecedentes están en manos de mi abogada".