Una condena a tres años de presidio en contra del ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, fue la sentencia que ayer dictó la Corte Suprema, en el marco del caso MOP-Gate. De paso, el fallo del máximo tribunal puso fin a un proceso que se extendió por 14 años y que, incluso, tuvo entre sus interrogados al entonces Presidente Ricardo Lagos.

En la resolución de 153 páginas los jueces de la Sala Penal ratificaron la sentencia de la Corte de Apelaciones capitalina de agosto del año 2014, que optó por condenar a 13 acusados por el delito de fraude al Fisco.

En esa oportunidad el tribunal de alzada estableció que el perjuicio contra el Estado alcanzó los $ 799 millones. De acuerdo a la resolución de la Corte Suprema "un grupo de personas idearon un procedimiento para sobrevalorar el precio de las consultorías necesarias para cumplir objetivos de obras públicas estatales, para obtener indebidamente recursos destinados al pago de honorarios no consultados en el presupuesto público".

El llamado caso MOP-Gate tuvo su origen en 2000 cuando Héctor Peña Véliz, entonces dueño de la empresa Gate, denunció la sustracción de $ 190 millones desde su firma. Las pesquisas posteriores involucraron a su secretaria y la madre de ésta, quienes durante la indagatoria denunciaron que Gate era una empresa de fachada, con vínculos con el MOP, y que servía para desviar fondos para fines irregulares.

El proceso, que en 2003 fue asumido por la jueza Gloria Ana Chevesich, investigó la sobrevaloración de contratos entre la cartera pública y empresas concesionarias, ocultamiento de costos y la triangulación de dineros para el pago de sobresueldos.

Luego de 14 años de proceso, y al igual que el ex ministro Cruz -quien cumplirá su sentencia en libertad- el fallo condenó a otros 12 implicados. Entre ellos está Sergio Cortés Castro, ex jefe de finanzas del MOP, a quien se le otorgó una pena de cinco años de cárcel y la imposibilidad de ejercer cualquier cargo pública.

Consultado al respecto, el ex ministro Cruz dijo que "no voy a hablar con la prensa hasta la próxima semana". Dicha determinación habría sido adoptada por los abogados defensores del otrora secretario de Estado.

Repercusión política

Para el senador de la UDI y querellante en el caso, Víctor Pérez "la ministra (Chevesich) fue duramente presionada por el gobiernos de la época. Creo que su trabajo ha sido valorado por este fallo de la Suprema en donde queda establecido que se puede investigar con objetividad y esa es una lección que está más vigente que nunca", sostuvo.

Desde el CDE también valoraron el término de la causa. El presidente del organismo Juan Ignacio Piña sostuvo que "a juicio del Consejo es un buen fallo, es un fallo contundente, que acoge la querella criminal presentada respecto de los principales imputados en esta causa, en la que este organismo perseveró consistentemente en cada una de las etapas procesales, y que ahora llega a su fin en sede de casación".