El anuncio de la liberación de 52 presos políticos en Cuba es un gran logro de la Iglesia Católica de ese país y del gobierno español, que han conseguido la más masiva excarcelación de reclusos de conciencia desde la visita de Juan Pablo II a la isla, en 1998. Un triunfo del cardenal Jaime Ortega y del canciller español, Miguel Angel Moratinos, quienes negociaron con el Presidente Raúl Castro.
Sin embargo, no debe olvidarse que los que en realidad le doblaron la mano al régimen fueron los disidentes, que protestaron contra la detención de sus camaradas: Orlando Zapata, quien falleció en febrero, luego de 85 días de huelga de hambre; Guillermo Fariñas, quien ayer depuso la suya luego de cuatro meses y medio, y las Damas de Blanco, las esposas y familiares de los detenidos en la "Primavera Negra" de 2003, que no cesaron en sus reclamos.
Ellos fueron los que pusieron una presión insostenible sobre el gobierno cubano, al punto que éste, resistiéndose a aparecer cediendo públicamente ante sus más fieros adversarios, buscó en la Iglesia y España a unos terceros ante los cuales era viable hacer concesiones.
Raúl Castro espera que la liberación le entregue beneficios, como por ejemplo, el fin de la "Posición Común", la política adoptada por la Unión Europea en 1996 que asocia la cooperación del bloque con Cuba a avances "con resultados" en el respeto a los derechos humanos y la transición a la democracia. Tras el anuncio de excarcelación, Moratinos declaró que "ya no hay razón para mantener la Posición Común".
Pero sería un error aflojar la presión sobre Castro ahora. En especial, cuando este episodio ha demostrado que la única manera de progresar en la defensa de los derechos humanos en Cuba es presionar al régimen y cuando todavía queda mucho terreno por cubrir antes de que la situación se ubique en un estándar aceptable en este ámbito.
Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana para los Derechos Humanos, declaró desde La Habana a The Washington Post que, pese a que la prometida liberación es "significativa", sólo constituye una "decisión política adoptada por razones de corto plazo que tendrá efectos en el extranjero, pero no aquí en Cuba". Según Sánchez, hay todavía más de 100 prisioneros políticos (cifra sobre la que no existe consenso). Los servicios de seguridad, acusó, cambiaron de táctica y ahora practican detenciones breves, de no más de 48 ó 72 horas, para intimidar a los opositores. Fue lo que les ocurrió en junio a 38 militantes de Unidad Liberal de la República de Cuba, detenidos por uno o dos días y puestos luego en libertad, sin que se les presentaran cargos.
Un informe de Human Rights Watch (HRW) denunció hace unos meses que el gobierno cubano utiliza agresivamente una provisión del Código Criminal que permite arrestar a individuos antes de que cometan delitos, si es que son considerados en "estado de peligrosidad". Este es definido como "la especial propensión de una persona a cometer crímenes" y se expresa a través de "la conducta observada en manifiesta contradicción a las normas de la moralidad socialista". También establece la existencia de juicios-farsa y detenciones arbitrarias o extrajudiciales en un país donde la Constitución prohíbe ejercer las libertades ciudadanas contra "los fines del Estado socialista" y "contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo". Según HRW, el régimen cubano "mantiene firmemente en su lugar y completamente activa" su  "maquinaria abusiva".
Hay pocas esperanzas de que la excarcelación anunciada el miércoles produzca reformas importantes. Elizardo Sánchez ha señalado que "este evento no altera en absoluto la terrible condición de derechos humanos y civiles bajo la cual vive la inmensa mayoría de los cubanos".
Decir entonces que "se abre una nueva etapa en Cuba", como hizo Moratinos el miércoles, parece un exceso de entusiasmo. A estas alturas, hay consenso de que Raúl Castro no resultó ser el "Deng Xiaoping cubano" que algunos pronosticaron cuando heredó el cargo de su hermano mayor, en julio de 2006. Ya sea por la sombra que sigue proyectando Fidel o porque realmente no está dispuesto a hacer cambios profundos, Raúl ha sido una decepción.  Eso hace que la solución a la "cuestión cubana" no sea política, sino biológica: esperar que Fidel se muera de viejo y que Raúl se vea obligado a hacer reformas o a ceder el poder.
Mientras se espera que eso ocurra, subsiste la pregunta: ¿cómo tratar a Cuba? La respuesta la entregan los disidentes desde la isla. Ya que no es rea-lista creer que Raúl Castro hará reformas de fondo al sistema, la comunidad internacional debe colaborar con la oposición interna, manteniendo la presión sobre el régimen para forzarlo a seguir haciendo concesiones, ojalá tan relevantes como la de esta semana.