LA ENTREGA de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) ha sido objeto de justificados cuestionamientos por parte del panel de expertos, instancia asesora de este proceso. En esencial, dicho panel ha ratificado que la forma en que se dieron a conocer sus resultados -dilatados por el gobierno- ha resultado inapropiada, así como algunos de los cambios metodológicos introducidos al instrumento.

Los resultados de la Casen 2013 debieron ser entregados a mediados del año pasado, pero fue postergada por el Ministerio de Desarrollo Social hasta enero de este año. El panel de expertos hizo ver que “a pocos días de cumplirse con la fecha prevista para la entrega de resultados se supo sobre su aplazamiento, sin que se entregaran razones o se fijara una nueva fecha”. Este retraso fue cuestionado en su momento, y tal irregularidad complota contra la condición de transparencia que debe caracterizar estos procesos. Aún más complejo es que el panel haya señalado en su informe que “no está en condiciones de realizar una revisión exhaustiva de la Casen 2013 y evaluar su calidad”, lo que reabre las dudas sobre la solidez técnica de esta medición.

El panel de expertos también reprocha  que el ministerio decidiera  reemplazar los dos resultados que el gobierno anterior entregó sobre reducción de pobreza (2011 y 2009) por las estimaciones de la Cepal. “Es una decisión que no debiera ser atributo de la autoridad ministerial en tanto que pueden intervenir consideraciones de cálculo político”. Todo estos antecedentes son graves, y hasta ahora no han recibido una  explicación clara del ministerio. Es llamativo que a propósito del escándalo que se produjo con la Casen 2011, la entonces oposición haya cuestionado la fiabilidad de las cifras oficiales, y hoy exista silencio respecto a este episodio.