EL MINISTERIO de Obras Públicas anunció que el fallido puente basculante Cau Cau -ubicado en Valdivia- será prácticamente demolido, de modo de levantar una nueva estructura. Ello implicará que esta obra permanecerá alrededor de un año más inactiva -ya lleva otro tanto paralizada-, por lo que el puente estaría en operaciones recién en 2018. Esto implicaría recursos adicionales por más de $ 10 mil millones.

Las fallas de diseño que ha presentado este puente constituyen un bochorno de muy difícil precedente. El episodio ha escalado al terreno político, y representantes del actual y anterior gobierno se culpan mutuamente por el desaguisado. Una disputa de esta naturaleza resulta inoficiosa, pero es ilustrativa para dar cuenta de que la mayor responsabilidad recae finalmente en el propio Estado, que a lo largo de tres gobiernos de distinto signo ha sido incapaz de corregir a tiempo las fallas detectadas desde el comienzo de las obras. Estas tienen que ver principalmente con problemas en el diseño estructural, calidad de los materiales y torpezas cometidas durante la construcción, además de episodios anecdóticos como personal que participó en la planimetría sin siquiera contar con las calificaciones para ello.

Al optar por la demolición, el Ministerio de Obras Públicas parece haber tomado el camino que le representaría un menor costo político, eludiendo asumir las responsabilidades que le caben. Similar actitud se ha visto con el reciente desborde del río Mapocho, donde pretendió radicar todas las culpas en las concesionarias, sin admitir que su propia labor fiscalizadora y preventiva fue deficiente. El puente Cau Cau pone en entredicho las capacidades del Estado para supervisar grandes obras públicas, lo que es un hecho grave. El Cau Cau no debería seguir adelante hasta que se investigue a cabalidad la responsabilidad de tan graves fallas y exista certeza de que desde el punto de vista del interés fiscal la solución escogida es la adecuada.