LAS DENUNCIAS de abusos sexuales que se han conocido al interior de un jardín infantil de la capital han generado un profundo sentimiento de indignación y una natural inquietud entre padres y apoderados por la seguridad de sus hijos. En el país existen más de 6.000 de estas instituciones, y resulta fundamental que los niños y niñas que allí se forman puedan tener la seguridad de que estarán a resguardo de abusadores.

Se ha dado un primer paso relevante en esta materia con la reciente promulgación de la ley que crea el registro de pedófilos. A través de este instrumento se pretende impedir que personas condenadas por delitos de abuso a menores tengan contacto con niños. Las instituciones -públicas o privadas- que contraten a personas que deban trabajar directamente con menores de edad deberán consultar obligatoriamente este registro y no proceder si el postulante aparece en él.

Sin embargo, dado que los pedófilos suelen actuar con sigilo y amedrentando a sus víctimas para que éstas no denuncien, pesquisar este tipo de delitos es complejo. De allí que resulta fundamental la participación activa de los propios padres, quienes deben estar vigilantes y denunciar conductas sospechosas o bien estar alertas ante cambios conductuales de sus hijos.

Hay otras medidas de orden legal que se han discutido con ocasión de este lamentable suceso, como acelerar la tramitación de un proyecto de ley que faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) a sancionar a establecimientos donde se registren agresiones a los menores de edad. Esta iniciativa puede ser beneficiosa si se delimitan adecuadamente las responsabilidades de los jardines al respecto, de manera que haya un incentivo a que tomen los debidos resguardos a la hora de contratar personal y supervisar su desempeño.