HAN DESPERTADO controversia las denuncias de despidos de diversos funcionarios públicos desde que la nueva administración asumió el mando el 11 de marzo pasado. El Ejecutivo se defiende argumentando que se trata de remociones realizadas dentro del marco legal vigente, en cargos que son de exclusiva confianza política de la autoridad y que es una práctica que también se aplicó en el período anterior del ex Presidente Piñera cuando éste llegó a La Moneda.

Aun cuando los despidos sean legales, varias de las personas que han sido desvinculadas ingresaron a la administración central vía el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), para realizar labores de naturaleza técnica y fueron seleccionadas por sus competencias profesionales para desempeñar aquellas funciones. Por lo tanto, disponer de esas plazas removiendo a sus titulares bajo el pretexto de que son posiciones de confianza política no sólo es un argumento injustificado que no se debiese aplicar, sino que, además, altera de forma dañina el espíritu de un sistema que fue creado precisamente para evitar que la designación de determinados puestos dependiera de los criterios políticos de cada gobierno.

Cuando se puso en marcha este mecanismo en 2003 -tras un acuerdo entre el entonces gobierno de Ricardo Lagos y la oposición- se hizo principalmente con el propósito de modernizar la gestión del Estado luego de una serie de escándalos que se registraron en distintas reparticiones. El propósito era dotar de profesionales idóneos determinadas áreas de la administración pública que son muy sensibles para el desempeño eficiente del aparato estatal. En la actualidad son más de 1.200 los cargos que se eligen mediante esta modalidad, lo que demuestra un avance en ese objetivo, el que, sin embargo, se ve empañado cuando se instalan criterios marcadamente políticos en muchas de las designaciones de cargos técnicos. Un ejemplo de ello es la salida del director del Instituto Nacional de Estadísticas, quien, pese a cumplir un rol como ejecutor de políticas públicas y no como diseñador de las mismas, igual fue despedido aduciendo que ocupaba un cargo de confianza política.

Si bien el nuevo presidente del Consejo de Alta Dirección Pública ha señalado que este criterio rige fundamentalmente para los 110 cargos del nivel I del sistema ADP, lo cierto es que su aplicación afecta el funcionamiento de las reparticiones y desincentiva la incorporación al servicio público de quienes tienen un perfil técnico, indispensable para la buena gestión estatal.

Tampoco resulta válido justificar las remociones aduciendo que el gobierno anterior actuó de la misma forma, pues queda la sensación de que esta postura se sustenta en una suerte de revanchismo político inconducente. Al contrario, el Ejecutivo actual debiese avanzar para poner término a la práctica utilizada por la administración anterior de colocar a interinos como titulares en varios cargos elegidos por ADP -por un período de tiempo más allá del aconsejable- y donde en algunos casos éstos mismos terminaban postulando al puesto que ejercían. El sistema ADP ha demostrado ser una poderosa herramienta para mejorar la gestión del Estado y los servicios que éste ofrece a la ciudadanía, reduciendo a la vez la posibilidad de que se registre clientelismo político y corrupción en reparticiones públicas. Por ende, es responsabilidad de las autoridades de cualquier gobierno conservar el espíritu original con el que se concibió.