Matías Cortés de la Cerda habla rápido, con la ansiedad de quien ha despertado de un mal sueño y aún no olvida el mal rato. El martes 26, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo absolutorio del Cuarto Juzgado Oral en la investigación del caso Kodama y desestimó los cargos de soborno y cohecho que el fiscal José Morales había hecho en contra del propio Cortés, el abogado Rodrigo Alcaíno y el ex subdirector jurídico del Serviu, Rafael Marambio.

La decisión de los tribunales hace tambalear la investigación de la fiscalía que ya lleva más de tres años -con un costo cercano a los $ 300 millones- y que busca esclarecer el escándalo que terminó con la renuncia de la entonces ministra de Vivienda, Magdalena Matte, y que llevó al gobierno de Sebastián Piñera a paralizar el pago de un acuerdo extrajudicial por $ 17 mil millones a la empresa Kodama por gastos adicionales en la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda, del Transantiago.

Kodama se había adjudicado por cerca de $ 25 mil millones la construcción del citado corredor en noviembre de 2006, sólo 40 días antes de la puesta en marcha del Transantiago. Eran 15 kilómetros a través de cinco comunas de la zona sur de la capital, pero los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, a través del Serviu, no habían resuelto las expropiaciones necesarias para las obras, ni se habían contemplado una serie de cambios técnicos, lo que atrasó en tres años las operaciones.

La empresa estimó en cerca de $ 40 mil millones los gastos extras, el lucro cesante y el daño moral sufrido y así lo consignaron en una demanda, cuyo objetivo -recuerda Cortés de la Cerda- era detener los plazos de prescripción para el cobro, mientras se negociaba con el Serviu un acuerdo.

Entre fines de 2010 e inicios de 2011, las conversaciones de los representantes de Kodama y el gobierno tomaron un ritmo diferente y en menos de 90 días se acordó el pago de $ 17 mil millones.

El alto monto involucrado desató críticas en el propio Ejecutivo y el estallido del escándalo llevó a la ministra Matte a presentar su renuncia, la primera baja del gabinete que enfrentó la administración de Piñera a un año de su instalación.

La presión había obligado poco antes a la entonces secretaria de Estado a pedir al Ministerio Público que investigara si hubo irregularidades en la negociación.

El nudo principal de la investigación de la fiscalía apuntó entonces a un viaje a Buenos Aires realizado por Cortés y Alcaíno, abogados de Kodama, con Marambio, del Serviu, realizado en enero de 2011: la sospecha de Morales, quien lideraba la indagación, era que el funcionario del Ministerio de Vivienda, a quien se había cancelado el viaje, fue un premio luego de que éste facilitara el pago de los $ 17 mil millones.

"Me di el gusto de ver cómo se desmoronaba esta tesis absurda de la fiscalía y como algunos querellantes hacían el loco", dice Matías Cortés al celebrar la sentencia que establece que no cometieron delito. "Es difícil entender que hubiera sido formalizado por ese supuesto cohecho, que tuviera que pasar por toda esta pesadilla, porque ni siquiera participé en la reunión en que se discutió la reserva del pasaje, algo que sabía el fiscal desde el primer día", aclara Cortés.

A tres años del escándalo, el abogado acusa que las imputaciones en su contra fueron atizadas por presiones políticas para que el juicio siguiera adelante con el objetivo de "limpiar la imagen de la ex ministra Matte".

"Siempre estuvimos conscientes de que este caso era una persecución política. El caso se llamaba Kodama, pero el señor Kodama nunca declaró", se queja.

¿Por qué asegura que hubo motivaciones políticas empujando el caso?

A menudo el Ministerio Público llega a acuerdos de suspensión condicional de un juicio, incluso cuando se trata de delitos graves. Con mayor razón podría haber abierto la posibilidad de una suspensión condicional de este caso cuando estábamos hablando de $ 160 mil. Pero nunca lo hizo. Este caso estaba siendo empujado por motivos políticos, tanto así, que cuando Piñera se fue del gobierno el caso perdió fuerza. Cuando el Presidente de la República, un ministro del Interior y otros funcionarios de gobierno dicen que se llegará hasta las últimas consecuencias y que aquí hubo fraude al Fisco tiene un efecto. Con mucho esfuerzo, la fiscalía trata de mantener la independencia, pero responde a intereses públicos. Producto de esa presión terminamos con este juicio por el pasaje aéreo.

¿Y qué podría haber buscado el gobierno de Piñera con esta supuesta presión?

Impedir el pago a Kodama y segundo, limpiar la imagen de la ministra Matte. A lo menos la mitad de la responsabilidad en este caso es de ella que tenía la información y el control de lo que se estaba negociando. Resulta muy extraño que si se presumía un fraude, sorprendentemente, a las dos semanas de iniciada la investigación, se dijera que la ministra no tenía responsabilidad. ¡Cómo dicen eso si todavía no se había investigado nada! Este caso tenía una motivación política y no hubo una investigación objetiva de parte de la fiscalía. Lo rescatable es que los tribunales hicieron ver todos los errores cometidos por la fiscalía, demostrando que habíamos ganado de manera impecable.

La ex ministra Matte ha sostenido que desconocía los términos de la negociación y que firmó el decreto, autorizando el pago de los $ 17 mil millones a Kodama, confiada en la información que le proporcionaron sus asesores ¿No cree eso posible?

Me parece muy difícil de creer. Ella estuvo informada permanentemente. Eso es lo que dijeron en el juicio oral los testigos de la fiscalía, la gente que trabajó para la ministra Matte. Es absurdo que esgrima que no sabía lo que estaba firmado cuando la única razón por la que fue al ministerio ese día fue a firmar ese decreto. Además, no hay nada de malo en esa firma, porque es a lo que se había comprometido cuando dijo que se pagaría lo que se debía a la empresa. Ella autorizó la negociación con Kodama y puso a su mano derecha, el abogado Alvaro Baeza. Todos los testimonios que se dijeron en el juicio coincidían en las mismas cosas. Que la ministra le dio piso político a esta negociación, que empoderó a su hombre de confianza, que era Baeza, con el objetivo de llevar adelante una negociación cuya finalidad era la correcta: pagar lo que debían. Para ello, naturalmente, requerían las pruebas y antecedentes que demostraran lo que se debía, y nosotros presentamos esas pruebas. Incluso entregamos antecedentes al Serviu que ellos no tenían, porque habían perdido información. A las reuniones con el Serviu llevamos cajas y cajas de documentos. Cuando dicen que no había antecedentes para proceder al pago es totalmente falso.

¿Cómo partieron las negociaciones?

En la primera reunión que tuvimos con el Serviu la respuesta que nos dieron fue: nosotros nunca pagamos. Lo que hicimos fue pedirles que fueran con nosotros a la obra y viéramos, punto por punto, donde estuvieron los problemas. Ninguno de ellos había ido, venían recién llegando al gobierno. Fueron 14 personas del Serviu y siete de la empresa Kodama. Les mostramos las obras, lo que había pasado, todos los problemas y como se habían solucionado. Terminada la inspección volvimos al Serviu. Allí nos dejan afuera y ellos entran a una reunión. Como a los 15 minutos nos hacen pasar. Franz Greve, entonces subdirector de Pavimentación del Serviu, hace la siguiente declaración: "este contrato ha sido un desastre, estoy en condiciones de reconocer inmediatamente 300 días de gastos generales". Eso implicaba el pago de una indemnización de cerca de $ 3 mil millones. Nos pidieron colaborar con un informe político para desacreditar al gobierno de Bachelet, en el que teníamos que poner todos los problemas, enredos y errores que había cometido la administración anterior en relación a este contrato. El informe lo redactó alguien del Instituto Libertad, que resultó ser la mamá de Greve. Nosotros pensábamos que el gobierno de Piñera iba a usar el acuerdo con Kodama para enrostrarle al gobierno de Bachelet los errores con el Transantiago.

¿Cómo califica la actuación de la ex ministra Matte frente al caso Kodama?

Es, desde todo punto de vista, una cobardía tremenda. Ella tiró a toda la gente a la parrilla y pide que investiguen como si ella no supiera nada. Segundo, fue un descriterio político, porque perdió el control del problema. Apenas fue al Ministerio Público, la fiscalía incautó los computadores de los funcionarios del Serviu y del Ministerio de Vivienda, con lo cual perdió el control de la información. Tercero, demuestra falta de diligencia. Cómo es posible que una persona que sostuvo una gestión durante un año, cuando termina el proceso, encuentra que pudo haber algo raro y le pide a la fiscalía que investigue. ¡Por qué esas dudas no saltaron antes! Todo este caso ha sido un abuso y una caza de brujas, no sólo contra nosotros, también con los funcionarios del Serviu. La ministra no tuvo el coraje de ir ante el Presidente y explicarle por qué se debía pagar. Nosotros ofrecimos llevar todos lo antecedentes necesarios, a lo único que nos opusimos fue a devolver el documento de la transferencia, porque ahí sí que perdíamos cualquier posibilidad de cobrar.

¿Cuántas veces habló con la entonces ministra?

Yo me reuní dos veces con ella y una vez hablé por teléfono. Eso lo dije además en mi testimonio judicial, porque qué sentido tenía que necesitara congraciarme con un funcionario subalterno del Serviu, como Marambio, si ya había conversado directamente con la ministra en dos ocasiones y ella había ordenado que se pagara a Kodama. La primera vez que me reuní con la ministra fue en abril de 2010. Le expusimos la situación, ella nos dice que no estaba al tanto de esto y que si era efectivo lo que planteábamos, ellos tenían que pagarnos de inmediato. Nos dijo que iba a averiguar más y que ella nos llamaría. Tiempo después me llamó. Muy encantadora nos saluda y nos dice que había averiguado más antecedentes y que nos reuniéramos. Cuando llegamos a su despacho, nos dice desde la puerta que tiene una reunión en La Moneda, pero que nos dejaba con su hombre de confianza, Alvaro Baeza. Nos hacen pasar a una oficina, donde había unos 12 funcionarios del ministerio, del Serviu y del MOP. Baeza toma la palabra y dice que la ministra ha mandatado que esto se resuelva rápido, que el gobierno no estaba para robarle a nadie, que estábamos en pleno proceso de reconstrucción por el terremoto y que era necesario que las empresas constructoras funcionaran. Baeza puso un plazo de 90 días.

¿Cómo se llegó al acuerdo?

Con la gente del Serviu, con Franz Greve, que veía la parte técnica y con Rafael Marambio, que veía la parte legal. Nosotros como abogados de Kodama dejamos de participar en estas negociaciones a partir de la tercera reunión, luego que el Serviu reconoció que nos debía gastos generales por atraso. Las negociaciones la continuaron Kenji Kodama con Greve, ellos revisaban ítem por ítem, lo que se podía pagar o no. Una vez que se llegaba a acuerdo en cada punto se le informaba a la ministra a través de Baeza para que el ministerio diera su aprobación o la rechazara. Así se fue avanzando hasta llegar al acuerdo final cuando el Serviu redacta el decreto famoso que luego fue impugnado. Todo esto pasó entre diciembre y fines de enero, cuando se firmó la transacción.

¿Tras el escándalo volvieron a hablar con autoridades del ministerio?

Nos reunimos a los menos en cinco oportunidades. Estaban la fiscal del ministerio, la contralora interna, un montón de funcionarios. Lo único que nos pedían era la posibilidad de auditar el convenio, a lo que accedimos, pero luego ellos nos decían que no era posible. Nosotros les ofrecimos que utilizáramos los equipos que tenía el ministerio para resolver arbitrajes, que accedíamos a cualquier mecanismo que nos propusieran. Nos decían que lo iban a ver, pero después nada. Yo me pregunto, si tú crees que alguien te estafó ¿te sigues reuniendo con él?, ¿tratas de llegar a un acuerdo para ver cómo te estafó o vas directo a fiscalía y lo denuncias? Mi conclusión es que lo que buscaban era solamente conseguir de vuelta el documento de la transferencia. Cómo nosotros nos opusimos, terminamos en este juicio.

¿Acusar cohecho era parte de la estrategia de la fiscalía para sostener que hubo un ardid entre Kodama y funcionarios del Serviu para el pago de los $ 17 mil millones?

Esa era la tesis de la fiscalía. Pero esa estrategia no resiste ningún análisis lógico. Decir que por $ 160 mil alguien sería capaz de convencer a toda la plana mayor del Serviu y la del Ministerio de Vivienda de pagar una indemnización de $ 17 mil millones no tiene sentido. La fiscalía todavía no entiende que la ministra Matte dio la orden de que si nos debían plata que nos pagaran. Lo que más me molesta es que aquí se sospecha del acreedor y no del deudor, del que no paga, porque aquí podríamos sostener que hay un fraude del Fisco, porque aún no nos pagan.