HACE UNOS DIAS, el Ministerio de Vivienda anunció un programa de ayuda al pago de dividendos a una parte de los deudores habitacionales. La propuesta es el resultado de seis meses de trabajo con dirigentes de agrupaciones sociales y de las amenazas que ha recibido el nuevo gobierno por parte de movimientos como Andha (Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales), conocidos por sus acciones mediáticas durante la administración anterior.

A pesar del avance en las negociaciones y de la gradualidad de las medidas, sigue siendo una mala señal para la política social cada vez que los beneficios se gatillan a través de presiones. Esto hace que, a la larga, las personas tiendan a no respetar sus compromisos pactados originalmente. Esto no sólo encarece los subsidios habitacionales, sino que atenta contra la política habitacional de nuestro país.

El tema de perdonar las deudas no es nada nuevo. En el 2005, los deudores del Serviu alcanzaban el 72%, mientras que los deudores con instituciones financieras ascendían al 36,7%. En ese entonces, el Serviu condonó el 100% de la deuda de los beneficiarios en situación de indigencia; a los beneficiarios en situación de pobreza se les entregó un subsidio valorado entre 48,76 y 80 UF; mientras que los deudores no pobres recibieron como mínimo 12 UF en subsidios.

Nuevamente, en el año 2007 el Ministerio anunció que se condonarían las deudas a los beneficiarios cuyas viviendas presentaran problemas de construcción, a deudores de créditos originados hasta 1977 y a otros con un saldo de deuda inferior a 15 UF. Para el resto de los deudores, se subvencionó el total de la deuda si cumplían ciertos requisitos y cancelaban un copago.

Entre otras iniciativas, en el año 2009 se subvencionó entre el 50% y el 60% del dividendo de los beneficiarios que pertenecían al primer quintil y estaban al día con los pagos de ciertos programas asociados. Además, se subsidió una prima de seguro de desempleo para toda la cartera de deudores. Así, como se puede ver, en la última década se ha salido en auxilio sistemáticamente de las personas que se han atrasado en sus pagos.

La iniciativa actual, que costará 125 mil millones de pesos, tiene ciertos elementos de diseño superiores a los casos mencionados, ya que supone una gradualidad más afinada e identificó a un grupo de personas morosas que deberán regularizar su situación si no quieren ser desalojadas.

Aun así, este tipo de medidas contradice el principio de la política habitacional que busca premiar el ahorro y el esfuerzo. En la medida en que el gobierno continúa ayudando a pagar las deudas de los que no cumplen sus compromisos, el incentivo a no pagar y a presionar va a ser cada vez mayor. Todo esto termina encareciendo y desfocalizando la política habitacional.

La política de vivienda no puede ceder constantemente a la fuerte presión por parte de aquellos que no pagan sus dividendos y a las exigencias de nuevos beneficios. La política habitacional debe premiar a las personas que ahorran y se esfuerzan para acceder a su mejor alternativa, según su condición económica.