Señor director:

El año pasado presencié por casualidad un procedimiento policial en Washington D.C. Un par de policías detenían a una mujer afroamericana, que aparentemente había cometido una falta o delito flagrante.

Mientras esta detención se llevaba a cabo, la gente pasaba por su lado y nadie exigía explicaciones ni intentaba reclamar por el proceder policial, ya que como me explicó un abogado del Departamento de Justicia, si un policía detiene a una persona, se presume que está dentro de sus funciones y competencia. Si éste llega a trasgredir la normativa vigente, será responsable administrativa, civil o penalmente, por lo que evidentemente conviene cumplir los protocolos de rigor.

En Chile, en contrapartida, Carabineros sufre serias dificultades para arrestar o detener a alguien por delito flagrante, por la interferencia de la propia ciudadanía, la cual se siente en algunos casos con el derecho a cuestionar esa acción. El problema radica en que muchas veces son los mismos cómplices quienes más entorpecen una detención.

Asimismo,  agredir y maltratar a un carabinero queda en la más absoluta impunidad -si estas agresiones no le provocan lesiones corporales físicas-, tal como lo mencionara recientemente el senador Alberto Espina. En Estados Unidos, es impensable una cosa de este tipo. La agresión a un policía se paga con cárcel real y efectiva.

La opinión pública reconoce la labor de Carabineros, existiendo  “una mayoría silenciosa” que valora su capacidad y profesionalismo. Basta observar su trabajo en la tragedia de la zona norte, entre otras actividades, para comprobar por qué esa institución es uno de los pilares de nuestra sociedad.

Francisco Javier Devia