Las oficinas administrativas de La Nación, en calle Serrano, fueron ayer el escenario de una tensa reunión entre el gerente general, Francisco Feres, y los trabajado-

res de la empresa.

"El panorama es desolador", dijo Feres, según asistentes, al anunciar que el Fisco había pedido disolver y liquidar los bienes de la empresa periodística La Nación S.A.

La decisión pone término al funcionamiento del diario que desde 2010 dejó de circular en su versión impresa y contaba sólo con una edición web.

La postura fue adoptada el miércoles en una reunión del directorio de la empresa, donde el tema fue sometido a votación y cuyo resultado fue dividido, afirmaron miembros de la instancia.

En la cita, los cuatro directores nombrados por el accionista mayoritario, el gobierno, es decir su presidente, Daniel Platovsky; Andrés Correa, Gastón Gómez y María José Gómez, estuvieron a favor de aprobar la disolución y liquidación de La Nación. En tanto, los tres representantes de los accionistas minoritarios agrupados en Colliguay S.A., Enrique Alcalde, Manuel Melero y Teodoro Wigodski, votaron en contra.

La votación se produjo a propósito de una carta de la Tesorería General de la República en la que se solicita convocar a una junta extraordinaria de accionistas que dirima sobre la disolución y liquidación de la empresa.

La resolución del directorio, que agendó la citada reunión para el próximo 24 de septiembre, fue comunicada formalmente ayer a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) mediante un escrito o hecho esencial.

En la junta de accionistas, en tanto, el Fisco tendrá que dar cuenta de los motivos para terminar con la empresa periodística, razones que hasta el momento ha mantenido en completo hermetismo.

Pese a ello, en círculos internos se comentó que la decisión se toma justo en medio de la demanda interpuesta por el directorio de La Nación contra el Estado acusando daño patrimonial por los cambios realizados a la empresa en 2010.

La acción judicial, de la que también tuvieron que hacerse parte los directores designados por el gobierno, podría concluir en una millonaria indemnización de parte del Estado.

Consultado sobre la inminente disolución de La Nación, Luis Eduardo Thayer, accionista de Colliguay y ex miembro del directorio, dijo que "esta es la culminación de un proceso derivado de una decisión política, no hay una decisión económica detrás de esto".