La próxima semana se efectuará una reunión entre la Presidenta Bachelet y el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en la cual se definirían los plazos y otros detalles para el nombramiento del nuevo fiscal judicial de la Corte Suprema, según adelantaron fuentes de Justicia.

La cinquena, de la cual la Mandataria deberá designar al sucesor de la fiscal Mónica Maldonado, quedó definida el pasado 15 de septiembre, cuando el pleno del máximo tribunal votó y eligió a los ministros postulantes: Juan Escobar Zepeda (Corte de Apelaciones de Santiago, por derecho propio); Mario Gómez Montoya (C. Apelaciones de Valparaíso, siete votos); Raúl Mera Muñoz (C. Apelaciones de Rancagua, ocho votos); Lya Cabello Abdala (C. Apelaciones de San Miguel, ocho votos) y María Teresa Letelier Ramírez (C. Apelaciones de San Miguel, ocho votos). Una de las funciones del cargo de fiscal del máximo tribunal es supervisar la situación carcelaria de los internos y el funcionamiento general de todos los recintos penitenciarios del país. También está a cargo de los exhortos internacionales y de evacuar informes sobre determinadas causas que llegan a la corte.

Incompatibilidad

Uno de los temas que han surgido tras la votación de la cinquena es la situación de una de sus integrantes: la ministra Lya Cabello, pareja del ministro de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Haroldo Brito.

No existe ningún problema legal para que ella fuera designada en el cargo, porque el Código Orgánico de Tribunales (artículos 258 y 259) sólo incluye como causales de incompatibilidad para que dos personas integren un mismo tribunal el matrimonio y parentesco en diferentes grados. No se habla de parejas ni de convivientes.

Otros estamentos regulan situaciones similares, como el Colegio de Abogados, en cuyo Código de Etica, artículo 89, se prohíbe que un abogado represente a un cliente que es contraparte de su pareja. Igualmente, en la Ley de Bases de la Administración, aplicable sólo al Poder Ejecutivo, también existen causales similares. Ninguna de estas normas, sin embargo, es aplicable a los funcionarios judiciales.

Una fuente de la C. Suprema destacó que lo que predomina es la "prudencia y ética". Y destacó que el día de la votación para la cinquena, el ministro Brito salió de la sala y no votó.

Otro caso parecido fue el del ministro Carlos Gajardo, quien en 2009 solicitó su traslado desde la Corte de Apelaciones de Santiago a la de San Miguel, por su relación con la magistrada del tribunal de alzada en ese tiempo y actual ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.